El bono social térmico se enfría en Málaga: la ayuda a 50.000 familias acumula un año de retraso

Esta ayuda nació con dos premisas. La primera, que los beneficiarios ni siquiera tienen que solicitarlo porque son los mismos que perciben el bono social de la luz y sus datos se obtienen del listado de clientes que remiten las comercializadoras eléctricas.

La segunda, de claro carácter social, que el pago se hiciera efectivo en el primer trimestre de cada año, precisamente cuando más frío hace y más sube la factura. No se cumplió. El primer pago se materializó en el último trimestre de 2019. Y desde entonces, nada más se sabe de esta ayuda cuya cuantía se fija en función del grado de vulnerabilidad del perceptor (medible según los ingresos y miembros de la unidad familiar) y la zona climática en la que se localice la vivienda y la altitud sobre el nivel del mar. Además, el importe se verá incrementado en un 60% en el caso de consumidores vulnerables severos o en riesgo de exclusión.

Según el decreto de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores, que es donde se enmarca esta prestación, tras este primer pago teóricamente inminente el testigo pasaba a las comunidades autónomas, de forma que el Estado se comprometía a transferir el dinero a las Administraciones regionales para que éstas se encargaran de hacerlo llegar a los hogares. Nada más lejos de la realidad.

En Málaga son más de 50.000 las familias que todavía no han visto un euro de la cuantía correspondiente al primer trimestre de 2020. Y en vista de cómo están los trámites, aún tendrán que esperar. En el caso de la Junta de Andalucía, el órgano competente es la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, donde de momento no se atreven a fijar un horizonte temporal de cuándo podría realizarse el pago. «Se está trabajando en ello y el ingreso se hará en el más breve tiempo posible», se limitan a apuntar. En este sentido, en lo que sí que ponen el acento es que la transferencia del Ministerio para la Transición Ecológica llegó a finales de año, por un importe de 13,5 millones de euros que darán cobertura a unos 250.000 hogares andaluces.

Una vez recibido el dinero necesario, la Junta debe abonarlo mediante transferencia bancaria a la cuenta del titular del suministro eléctrico, y ahí es dónde surgen complicaciones. En Igualdad ya tienen el listado de beneficiarios, pero antes de proceder al pago deben verificar que todos los datos bancarios son correctos, de ahí que previamente haya que informar a cada beneficiario para que confirme la cuenta donde se le hará la transferencia.

«Entendemos que pueda haber problemas cuando el número de cuenta no se corresponda con el titular del contrato o que el recibo no esté domiciliado, pero para el resto es una mera transferencia porque los datos ya los facilita la compañía eléctrica. Estamos hablando de un año de retraso», critica el delegado en Andalucía de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), José Carlos Cutiño, quien también considera que el hecho de que el otorgamiento de esta ayuda esté condicionado a la existencia de disponibilidad presupuestaria hace que «una buena medida tenga mucho de brindis al sol».