El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía refleja, con fecha de este viernes, 21 de febrero, la publicación de la oferta de empleo público (OPE) para el cuerpo de maestros y profesores. Una convocatoria que estipula un total de 3.531 plazas para cubrir puestos en colegios, institutos y escuelas de idiomas. Esta oferta se suma a las correspondientes a 2022, 2023 y 2024. La suma de estas ofertas de empleo público deja un total de 7.885 plazas que se ponen en juego este verano.
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La fecha prevista para los exámenes es el próximo mes de junio. Según fuentes de Educación consultadas por SUR, la semana que viene se publicará la orden de convocatoria y se podrá conocer la fecha exacta de las pruebas y las plazas por cada especialidad. Para la OPE correspondiente a 2025, las 3.531 plazas se distribuyen de la siguiente manera: 1.120 para secundaria, 2.390 para primaria y 21 para escuelas de idioma. La publicación está ratificada por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y la consejera de Educación, María del Carmen Castillo.
La consejera del ramo siempre ha defendido este proceso, que cuenta con el rechazo de los docentes interinos, como «oportunidad para todos los andaluces que aspiran a ser funcionarios docentes». Por otra parte, estas oposiciones cuentan con el apoyo de la mesa sectorial de educación (Csif, Anpe, Ustea, CCOO y UGT).
La publicación en el BOJA también es un mensaje claro a para los docentes interinos que llevan meses luchando para que estas oposiciones se pospongan a 2026. La Consjería de Educación no varía su hoja de ruta y está convencida de que este proceso es la mejor manera de «estabilizar el sistema educativo». Ni efecto llamada, ni falta de oportunidades en este sentido.
Los docentes interinos, a través del sindicato IIDEA, llevan tres semanas de huelga indefinida, con parones los miércoles y jueves. En el día de ayer, se celebró la segunda marcha-protesta, en Sevilla. El seguimiento de la huelga, según los datos facilitados por la Consejería de Educación, está siendo muy escaso. Los responsables de IIDEA, por su parte, culpan a la Junta de «falsear» los datos para restar fuerza a este movimiento.
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