A espera de que la 'lluvia de millones' de Europa llegue finalmente a las comunidades autónomas, los principales ayuntamientos de la provincia ya han puesto en marcha obras e inversiones millonarias gracias al ahorro acumulado en los últimos años; una posibilidad no permitida hasta ... entonces por la 'ley Montoro' de hace nueve años, pero cuya prohibición se levantó a finales de 2020 tras la presión del municipalismo al Gobierno de Pedro Sánchez, que tuvo que ceder ante presiones propias y ajenas que exigían poder gastar esos remanentes como forma de combatir la pandemia.
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Desde que el Gobierno central impusiera el primer estado de alarma en el mes de marzo de 2020, los ayuntamientos comenzaron a exigir que les permitieran utilizar el superávit del año anterior –así como el remanente acumulado– y que eliminaran las reglas fiscales de la ley de estabilidad presupuestaria.
Tras una infructuosa –e incomprensible– batalla con las administraciones locales, el Gobierno de coalición terminó cediendo y aprobó estas peticiones, lo que ya está facilitando que los ayuntamientos puedan gastar más dinero durante el presente ejercicio. Sin embargo, tanto el desequilibrio presupuestario como el uso del remanente no son elementos que se pudieran incorporar en el documento de presupuestos desde un primer momento, sino que se tiene que hacer a través de modificaciones presupuestarias. Aun así, los gobiernos locales iniciaron el año presentando unas cuentas expansivas en las que los ingresos no variaron con respecto al año anterior a pesar de la pandemia, precisamente con el objetivo de poder cuadrarlas a través de estas modificaciones o ampliaciones.
Una vez más, el municipio que más ampliará sus cuentas en términos relativos (pero también absolutos) es Mijas, el ayuntamiento que cuenta con una mejor salud económica. En concreto, el gobierno local (Cs y PSOE) ha aprobado una modificación presupuestaria de más de 50 millones de euros, lo que supone a la práctica un aumento del 50 por ciento de un presupuesto al que se le dio luz verde en el mes de febrero. El objetivo estaba claro: «potenciar la reactivación económica, social y laboral de la localidad» tras el impacto del Covid-19.
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De esta cantidad se destacan las partidas orientadas a la generación de empleo, con más de 10 millones para el nuevo plan de ayudas directas Cometha de apoyo al comercio minorista, empresas turísticas, hostelería y autónomos de Mijas, así como un aumento de la inversión destinada a la empresa de inserción socio-laboral Renta Básica, cuyo total para este 2021 ascenderá a 8,1 millones. A ello se suma la consignación presupuestaria de cinco parkings cubiertos que sumarán 1.252 nuevas plazas de aparcamiento y otros dos millones para un plan de asfaltado.
Pero, ¿por qué se hace necesario recurrir a este sistema? Para el edil de Hacienda en la localidad costasoleña, Roy Pérez, la respuesta está clara. «La modificación presupuestaria permite variar el presupuesto municipal como documento vivo para adaptarlo a las necesidades de la ciudad, máxime cuando nos encontramos ante una de las peores crisis económica, laboral y social de los últimos años», argumenta el responsable municipal.
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En Málaga capital, aunque algo menos ambiciosa, la estrategia es similar. El pasado mes de abril, el equipo de gobierno dio luz verde (y luego lo refrendó el pleno) el proyecto de la primera modificación de créditos del presupuesto de este año gracias a la cual se inyectan más de 8,3 millones de euros a acciones de «dinamización comercial y apoyo a sectores y entidades afectados por la crisis derivada de la pandemia», la adquisición de nuevos buses y la construcción de nuevos carriles bici, así como a obras en barriadas y mejoras en instalaciones deportivas, entre otras actuaciones.
Fuengirola, con 15 millones de modificación presupuestaria; y Cártama, con otros 2,4, son otros dos ejemplos de esta estrategia, y aunque vendrán más, desde los ayuntamientos avisan de que el dinero que no se ejecutase, tanto del presupuesto como de la modificación, se quedaría como remanente para utilizarlos en próximos años en beneficio de la ciudadanía, pero para ello el Gobierno deberá prorrogar las exenciones; algo que apoyan desde el municipalismo de la provincia. «Una vez suprimida las reglas fiscales por parte del Gobierno central contamos con mayor libertad para hacer uso de estos remanentes y revertirlos en nuestros vecinos. Este acuerdo ha supuesto sin duda un balón de oxígeno para los Ayuntamientos como el nuestro, totalmente saneado», sostiene el concejal.
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