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El PP no ha atendido la petición de su socio de gobierno, Ciudadanos, en la Diputación de Málaga y mantiene las atribuciones competenciales y salariales de Juan Cassá (abandonó la formación naranja en mayo y pasó a no adscrito) como portavoz del equipo de gobierno y diputado de Relaciones Institucionales con un sueldo bruto anual de 73.422 euros.
Los quince votos del grupo popular más el de Cassá han sumado la mayoría absoluta necesaria para tumbar la petición hecha por Ciudadanos en una moción urgente presentada al pleno de esta mañana donde pedía la celebración de una sesión extraordinaria en la que se revocaran los acuerdos de la pasada semana sobre las competencias y el sueldo del ahora diputado no adscrito. La formación naranja, el PSOE y Adelante Málaga ha apoyado la propuesta.
Ante esta situación, Juan Carlos Maldonado, vicepresidente primero de la Diputación y portavoz de Ciudadanos, ha insistido al PP que rectifique porque ha puesto a la formación naranja en una situación «muy, muy complicada». Unas afirmaciones con las que deja en el aire el futuro del pacto de gobierno de PP y Ciudadanos en la institución provincial. Fuentes consultadas han apuntado que cualquier decisión va a estar supeditada a lo que determine la dirección nacional del partido liderado por Inés Arrimadas.
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Sí ha salido adelante por unanimidad el primer punto de la moción del grupo naranja en la que mostraba el apoyo y el compromiso de la Diputación con el pacto antitransfuguismo. Y es que el debate político de la moción ha girado en torno a si se considera o no tránsfuga a Cassá -que no ha intervenido en este punto y en el pleno sólo lo ha hecho una vez, en calidad de portavoz del gobierno, en una moción del PSOE-.
Maldonado, que ha defendido que son un socio leal, ha insistido en la tesis que viene defendiendo su partido de que Cassá es «un tránsfuga» según la definición que da el pacto antitransfuguismo y el propio diccionario de la RAE como «persona que con un cargo público no abandona este al separarse del partido que lo presentó como candidato». «Decir que no es un tránsfuga es jugar con la inteligencia de esta Cámara y de los malagueños. Si el PP se viste por los pies y firmó el pacto antitransfuguismo debe cumplirlo», ha afirmado.
El dirigente naranja ha acusado al PP de intentar «descafeinar» la situación diciendo que Cassá no ha entrado en el gobierno y hoy «ha actuado aquí como portavoz del gobierno» y le ha lanzado un dardo a su antiguo compañero, de quien dice que no tiene contra él nada personal, al afirmar que la mayoría de quienes están en política lo hacen «para trabajar y no para cobrar».
El presidente de la Diputación, Francisco Salado, no ha entrado en el debate y ha sido el portavoz del PP, Francisco Oblaré, quien ha defendido la postura de los populares. Así, ha empezado apelando al diccionario de la RAE para calificar la moción de Ciudadanos de «postureo» y ha recalcado que Cassá «no es un tránsfuga» porque sus atribuciones no cambian la mayoría que ya existía desde el principio del mandato en la institución provincial.
Oblaré ha destacado que Cassá «suma porque tiene capacidad de trabajo, experiencia municipalista y cumple sus funciones» y que el sueldo que tiene es el mismo que venía percibiendo desde el inicio del mandato.
«Estamos satisfechos de la incorporación de Cassá y limaremos asperezas. Este pacto de gobierno está para seguir trabajando y profundizando en él», ha subrayado el portavoz popular, quien ha apelado a su socio, Ciudadanos, a centrarse en trabajar por la provincia y en la puesta en marcha del Plan Málaga para la reactivación económica y social de la provincia tras la pandemia.
Francisco Oblaré le ha lanzado una pulla indirecta a Ciudadanos al decir que su postura obedece a que «a lo mejor quiere gobernar con Podemos» y ha recordado, como hizo el martes, que en Torremolinos sí hay una tránsfuga como es Lucía Cuín que abandonó Vox para apoyar el gobierno del socialista José Ortiz.
Desde la oposición, el portavoz del PSOE, José Bernal, ha acusado al PP de provocar «un despropósito» en la Diputación y de anteponer «sus intereses partidistas a los generales de los malagueños» y de generar «la inestabilidad del gobierno y denigrar la imagen de la Diputación».
Bernal ha sostenido que en esta operación para garantizar la estabilidad en el Ayuntamiento de Málaga quien «ha movido los hilos» es Elías Bendodo, presidente del PP provincial y ha dicho que «muy seguro debe estar el PP para dar esta tremenda hostia a un socio de gobierno leal (Ciudadanos)».
El portavoz socialista en la Diputación de Málaga ha apuntado al enfrentamiento entre Elías Bendodo y Francisco de la Torre como causa de la crisis abierta en la institución provincial. «Se están arrojando los trastos dentro del propio PP. El PP no ha tenido pudor alguno en hacer público el enfrentamiento interno entre los de Paco de la Torre y Elías Bendodo con la cuestión de Ciudadanos», ha asegurado.
Su homóloga de Adelante Málaga, Teresa Sánchez, ha afirmado que esta situación genera «inestabilidad» en la Diputación y ha vaticinado que en esta operación, donde entran en juego el Ayuntamiento de la capital y la Diputación, Maldonado «será la cabeza de turco».
Sentado en el mismo escaño que ocupaba cuando era integrante de Ciudadanos, Juan Cassá ha mantenido un absoluto silencio a lo largo del primer pleno presencial en la Diputación de Málaga tras la pandemia y ha votado en todo momento alineado con las tesis del PP y Ciudadanos, excepto en la moción que le afectaba particularmente.
Para escuchar su voz hubo que esperar al debate de las mociones urgentes, en la parte final de la sesión, para intervenir en la moción urgente de los socialistas sobre una reconstrucción económica con perspectiva social en la provincia. Cassá, como portavoz del gobierno, criticó esta propuesta, en la que se ensalzaba el escudo social aprobado por el Gobierno de la nación, y sacó pecho del Plan Málaga puesto en marcha por la Diputación.
«Es un plan tan bueno que es difícil compactarlo en cinco minutos», dijo el diputado no adscrito cuando el presidente Francisco Salado le avisó que había consumido su tiempo de exposición.
Llamó la atención que durante el pleno, los asesores afines a Cassá -Íñigo Vallejo y Beatriz González- se ubicaran en un extremo del salón de plenos y los de Ciudadanos, en el opuesto. Un hecho más que evidencia la ruptura entre ambos.
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