La atención sanitaria de más 77.400 funcionarios de Málaga y sus familiares, en vilo

Cuenta atrás para saber en qué quedará la atención sanitaria de las 59.233 personas que entre titulares -los propios funcionarios- y beneficiarios -sus familiares- suman quienes están cubiertos en la provincia de Málaga por el esquema Muface, del que hasta este año Adeslas, Asisa, DKV Seguros y DKV Internacional son contratistas, a razón de 18.126, 19.068, 13.778 y 4 personas adscritas en Málaga, por ese orden. El resto hasta los más de 59.200, es decir, los 8.257 funcionarios restantes y sus cónyuges e hijos, pese a estar bajo el sistema de Muface, son atendidos por la sanidad pública, no por las aseguradoras privadas.

El Gobierno sacó a primeros de octubre la licitación del contrato tras la finalización del que vence este año con una mejora de la prima del 17,2% para los años 2025 y 2026. Se trata de un incremento histórico, pero se esperaba una subida del 24% y las aseguradoras que prestan el servicio -las citadas Asisa, DKV y Adeslas- reclamaban un ascenso del 40%. El sector asegurador -estas empresas u otras- tiene hasta el día 5 de noviembre, hasta prácticamente después del puente de los Santos, para acudir, o no, al concurso. En el caso de que éste se quede desierto, como se teme, la sanidad pública habría de absorber a todos los beneficiarios del sistema Muface, que en todo el país ascienden a los 1,5 millones y en Andalucía son más de 318.000 personas.

Esto supondría, por tanto, que el sistema nacional de salud -que está transferido a las comunidades autónomas- tendría que asumir no sólo más usuarios, sino también más coste. Del anuario que publica Muface se desprende que, únicamente en concepto de principales prestaciones, el gasto superó el medio millón de euros en el año 2022 en Málaga, último ejercicio con datos disponibles, mientras que se distribuyeron recetas farmacéuticas por valor de 13,8 millones de euros en la provincia.

Muface es la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado. Pero hay otros trabajadores del sector público cubiertos por mutualidades. Y sus contratos también expiran este año 2024, por lo que el Gobierno también tiene que presentar su oferta para sus correspondientes renovaciones. Y podría pasar algo semejante a lo que está ocurriendo con Muface. Máxime porque la mejora retributiva propuesta por el Ejecutivo es de menor dimensión.

Por un lado, se encuentra la Mutualidad General Judicial (MUGEJU). En Málaga hay 4.009 personas cubiertas por este sistema sanitario, entre titulares y beneficiarios, una cifra que en el conjunto de España se acerca a las 92.000 personas -un colectivo que en un 76% opta por la sanidad privada-. La propuesta del Gobierno ofrece un aumento de la prima del 11,73%, inferior a la ofrecida para Muface.

Por otro lado, se encuentra el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS), dependiente del Ministerio de Defensa, que cubre a 14.175 personas en Málaga, sumando los 8.883 titulares y los 5.292 beneficiarios. En toda España son más de 546.000 personas, que en más de un 90% opta por la atención que prestan las aseguradoras privadas. El Gobierno hizo pública a mediados de octubre su propuesta, que supone un aumento del presupuesto del 11,2%, también histórico, pero que también se queda por debajo del de Muface. Tanto para continuar prestando los servicios de Mugeju como para los de Isfas, las aseguradoras tienen hasta el día 8 de noviembre para acudir al concurso.

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