Los asuntos se acumulan en los juzgados sin una fecha clara aún para la vuelta

Muchos son los planes de choque se están dando a conocer en los últimos días. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) presentó el suyo, así como el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la Junta de Andalucía y el propio Gobierno con el Real Decreto 16/2020 para la reactivación de la Justicia tras el parón generado por el coronavirus, pero lo cierto es que no hay una fecha clara para la vuelta.

Las principales asociaciones de jueces y fiscales se han reunido con el Gobierno, desde donde les han trasladado un plan de desescalada por fases. En la primera se prevé que acuda entre un 30% y un 40% del personal y en la fase dos, entre un 60% y un 70%. Será en la tercera cuando se incorpore el 100% de la plantilla y cuando se espera que se activen los plazos procesales, algo que, si todo va bien, se prevé alcanzar en un mes.

Un programa de desescalada que se refiere a los funcionarios, entre los que el plan no ha gustado. La delegada en Málaga del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia, Ana Andrés Alcaide, señala que la frenada de la tramitación de procedimientos y su consiguiente colapso, podía haberse evitado si el Gobierno y el CGPJ hubieran articulado mecanismos, como el teletrabajo, para la continuidad de la actividad sin riesgo para la salud de los empleados: «No se han acondicionado las sedes para evitar suspender la tramitación procesal; no se han facilitado medidas de seguridad suficientes a los trabajadores para que pudieran desarrollar sus tareas, se limitaron a cerrar las sedes y el resultado es dos meses absolutamente perdidos».

En cuanto a ese plazo de un mes para alcanzar la nueva normalidad, será así si todo va bien en función de la situación sanitaria, ya que una evolución negativa de la pandemia podría retrasar las fases. La única certeza es que, por el momento, los plazos procesales están suspendidos.

Con todos los planes que hay sobre la mesa, por ahora no existen fechas establecidas, aunque el CGPJ tiene previsto reunirse el lunes para intentar establecer un calendario para la vuelta. Mientras tanto hay confusión, como entre los procuradores. Su decano en Málaga, Antonio José López Álvarez, insiste en que existe desconcierto en el sector porque no hay nada concreto cara a la situación que habrá tras el estado de alarma.

Mientras tanto los asuntos no dejan de llegar a los juzgados. A mediados de abril, el CGPJ levantó las limitaciones que operaban en este sentido, por lo que los documentos comenzaron a llegar de forma telemática a los órganos judiciales. Desde entonces se reparten y se tramitan, hasta el punto en el que arranca cualquier plazo procesal, momento en el que quedan suspendidos.

La Justicia no está parada del todo, ya que algunos magistrados están resolviendo. El portavoz de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), Juan Antonio Frago, dice que el porcentaje de lo que se saca adelante «es mínimo», mientras que el volumen de los casos que hay pendientes no deja de crecer.

Lo peor está por llegar

Desde los distintos colectivos judiciales insisten en que lo «peor está por llegar». El juez decano de Málaga, José María Páez, afirma que se espera, tras el estado de alarma, un aluvión de asuntos relacionados con multas, ERTEs, procesos concursales, despidos... que colapsarán aún más la Justicia.

Preocupan mucho los juicios. La presidenta de la Audiencia Provincial, Lourdes García Ortiz, explica que se tendrán que reorganizar los señalamientos y que habrá que actuar también en función de las salas de vistas disponibles. Asegura que, de las 35 con las que cuenta la Ciudad de la Justicia, solo seis se prepararán con medidas para prevenir el coronavirus, como con mamparas: «Hay días en los que las 35 salas funcionan a la vez, no sé como lo vamos a hacer».

Desde los diferentes colectivos coinciden en que, además de los planes de choque, es necesaria una inversión económica de las administraciones en Justicia. «Con el retraso que había antes, la situación va a ir a peor. La Justicia estaba muriéndose y ahora el coronavirus ha venido a darle una puntilla más. La Justicia va a reventar y al final los que pagan el plato roto son los ciudadanos y la economía. La única solución es invertir en tecnología para funcionar de forma telemática», sentencia el decano de los abogados de Málaga, Francisco Javier Lara.