Los 160 aspirantes a abogados de Málaga harán el 4 de julio el examen suspendido por el Covid-19, pero será online y con menos tiempo

Por eso, el Colegio de Abogados de Málaga defendió desde un principio la realización telemática del examen para que no se demorase en el tiempo. «De haber sido así, se habría condenado a los estudiantes a estar un año sin hacer nada y privándoles de poder colegiarse y ejercer el oficio», explica José Manuel Conejo, diputado de Formación del Colegio de Abogados de Málaga. Desde esta institución creen que el Ministerio de Justicia ha sido «sensible» con su propuesta, que siempre han considerado «viable» desde un punto de vista tecnológico. Así lo recoge la resolución recogida en el BOE de este pasado miércoles, en la que justifica que la prueba se realizará «de manera online en tiempo real síncrono», con el fin de evitar desplazamientos y la concentración de personas, así como para permitir la incorporación al mercado laboral de un número significativo de profesionales.

El número total de aspirantes a abogados en España es de 6.780 y, de ellos, 160 son de Málaga. La respuesta a la decisión del Gobierno no ha sido unánime por parte de los afectados malagueños. «Yo estoy contenta con la decisión, porque lo que quiero es hacer el examen, aunque sea de forma telemática, y empezar a trabajar lo antes posible. Son muchos los compañeros que piensan como yo, pero me consta que otros hubieran preferido esperar el tiempo que hubiera sido necesario para hacer la prueba de forma presencial. La opción online no les gusta, porque temen que vaya haber problemas, como la caída de la plataforma. Además, nos quitan una hora (total tres) y nos dan un tiempo para cada bloque cuando de forma presencial nos mostraban todas las preguntas y cada uno se repartía el tiempo como quería», explica Marina Fernández, subdelegada de uno de los tres grupos del Máster en Abogacía de la Universidad de Málaga (UMA).

Desde la entrada en vigor de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, todos los graduados en Derecho que quieran ejercer como abogados deben aprobar obligatoriamente un máster en Abogacía y, al acabar, superar un examen, que se celebra presencialmente al mismo tiempo en ocho sedes de distintas regiones de España. De la media de ambos, se obtiene su nota, aunque desde el consejo académico del Máster en Abogacía de la UMA llevan tiempo reclamando un cambio en los valores de ponderación para que sean más igualitarios, ya que actualmente, el examen representa el 70% de la nota y el máster, solo el 30%, cuando son casi dos años de formación teórica y práctica en bufetes profesionales.

Desde la dirección de este máster en Málaga aseguran que su «prioridad» siempre ha sido que las consecuencias del Covid-19 no pasasen factura a su alumnado. Por eso, en el transcurso del estado de alarma han aprobado una serie de modificaciones para lograr dos objetivos: por un lado, que los alumnos del primer año del máster puedan seguir el desarrollo del curso con normalidad vía telemática y, por otra parte, para que los de segundo también puedan verse beneficiados de alguna forma. ¿Cómo? Según explica Francisco Vila, director del Máster en Abogacía de la UMA, «las convocatorias que afectan al Trabajo Fin de Máster (TFM), que es una asignatura obligatoria, la hemos adelantado al mes de junio (siempre es en julio o en septiembre) para que los alumnos tengan todas las asignaturas aprobadas en esa fecha y puedan presentarse el 4 de julio a la prueba de aptitud», declara.

Ya se sabe que estará coordinada por la UNED. «Solo le pedimos al Ministerio de Justicia que no cambiara las reglas de juego a mitad del partido y, aunque aún estamos pendientes de una orden ministerial donde se detalle cómo será el examen, nos consta que mantendrá una estructura similar a otros años», avanza Conejo. En este sentido, constará de 75 preguntas tipo test, que estarán divididas en dos bloques y que deberán ser contestadas en tres horas. En cuanto a las garantías para evitar copias o suplantación de identidades, el director del máster en la UMA asegura que utilizarán un sistema de evaluación que permite ver si el alumno está haciendo movimientos sospechosos. «Va a haber cámaras y al inicio del examen se pedirá al alumno su consentimiento para poder ser grabado, con lo que eliminamos el problema de invasión de la intimidad», detalla. Para Vila disponer de estos recursos es una oportunidad para los alumnos. «De haber tenido que esperar un año para intentar hacerlo presencial, se les habría privado de acceder a la profesión y se les habría causado un gran perjuicio, ya que para cuando se convocase el examen sus conocimientos sobre la normativa actualmente vigente habría quedado desfasada», recalca.