Las asociaciones agrarias de Málaga exigen que se vigile a los supermercados en la aplicación del 0% de IVA para el aceite

El secretario general de UPA en Málaga, Francisco Moscoso, asegura que «celebra la reducción del IVA como una medida muy acertada porque alivia el bolsillo del consumidor y reforzará la fidelización del consumidor con el producto».

Pero, acto seguido, insiste en que la medida no sirve de nada si el Gobierno no garantiza que se lleve a la práctica. Moscoso apunta directamente a los supermercados y pide al Ejecutivo que «extreme la vigilancia» para comprobar que la reducción del IVA al 0% se lleva a cabo de manera efectiva.

Moscoso entiende, en todo caso, que esta medida es insuficiente para aliviar un problema que tiene muchos matices. Entre ellos, la figura del agricultor, que lleva años sufriendo la falta de agua que se traduce luego en cosechas muy cortas. «Necesitamos que el Gobierno priorice a estos agricultores y proporcione una ayuda económica directa para ellos. Los costes de producción son cada vez más altos para unos profesionales que generan un bien conjunto a la sociedad», expresa.

El secretario general de Coag en Málaga, Antonio Rodríguez, señala que «nos parece bien todo lo que sea abaratar el coste para el consumidor y más cuando se trata de un producto tan saludable como el aceite de oliva». Denuncia, sin embargo, que la experiencia del pasado habría demostrado que «al final todo se queda en los intermediarios».

«Por ello, pedimos que el Gobierno esté vigilante ante la aplicación de esta medida para que esto sea una solución para el consumidor y para el productor, y que estos márgenes no se queden en los distribuidores», alerta.

En Asaja la valoración se mueve en términos similares. Su presidente, Baldomero Bellido, se congratula del «beneficio para el consumidor» y resalta, además, que el tiempo ha demostrado que «otro tipos de aceite no han dado tan buen resultado como el aceite de oliva». «Lo que sí es es cierto, es que crea inseguridad jurídica a los productores. Esperemos que el anuncio pase a norma antes del 1 de julio para no generar problemas a las almazaras», añade.

En Asaja, como en el resto de asociaciones agrarias, entienden que esta medida no sirve al consumidor si el Gobierno no vigila que se lleve a la práctica y se controle a los intermediarios y grandes distribuidoras.