Así impactará el «escudo social andaluz» en Málaga

Cubillo ha valorado que este acuerdo «va a suponer un impulso para miles de malagueños y malagueñas», ya que en la actualidad, «se crece, pero no se progresa en esta provincia», ha lanzado. Acto seguido, ha enumerado algunas cifras de la situación social de Málaga: «Dos de cada tres malagueños viven con dificultad en nuestra provincia». Entre ellos, ha desgranado Cubillo, se encuentran personas jubiladas con ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional, así como las personas desempleadas que tienen prestaciones por debajo del SMI o las 76.000 que no perciben ninguna ayuda. Además puso el foco en las 84.000 mujeres que viven solas con hijos a su cargo.

De acuerdo con los cálculos del sindicato, «300.000 malagueños trabajan pero son pobres». De ellos, más de la mitad, 170.000, ha precisado Cubillo, perciben ingresos por debajo de los 500 euros al mes. «Crecer en Málaga no es progresar. Sólo un tercio de la población malagueña está viendo progreso», ha añadido el secretario general de Comisiones Obreras de Málaga. «Dos tercios van a necesitar de este acuerdo», añadió.

El pacto incluye un bono 'familia' para situaciones de pobreza, así como un bono 'carestía' para afrontar los efectos del encarecimiento de la vida. En concreto, el bono 'familia' estará destinado a familias con menores a cargo y con una renta inferior a los 6.400 euros al año. Las ayudas, en función de la composición del hogar, oscilarán, en virtud del pacto, entre los 130 y los 220 euros al mes, es decir, entre los 1.560 y los 2.640 euros anuales. Tomará la forma de tarjetas o vales canjeables por productos de alimentación o artículos de higiene. El bono 'carestía', mientras tanto, estaría dotado de un pago único de 200 euros para hogares con ingresos anuales inferiores a los 21.600 euros al año (tres veces el IPREM).

Nuria López ha resaltado el hecho de que el bono 'carestía' de 200 euros se vaya a pagar con recursos propios de la Junta de Andalucía. Ello supone un desembolso de 12 millones de euros y pone en valor, ha defendido, la importancia de que la administración autonómica cuente con ingresos suficientes. En este sentido, López invitó al Gobierno de la Junta a «replantearse» su política fiscal porque, sin las bajadas de impuestos acometidas, ha afirmado, «podría tener más millones para más familias».

Si bien no se ha precisado el momento en que se pondrán en marcha las nuevas prestaciones de este «escudo social», López ha resaltado que todas las medidas «llevan ficha presupuestaria para su ejecución», aunque ha concedido que hay políticas que «tienen sus tiempos legislativos». Pero incidió en que estos beneficios sociales se encuentran dentro del bloque de medidas urgentes y, por lo tanto, son las que el Gobierno andaluz «tiene ya que poner encima de la mesa».

Dentro de lo urgente también se encuentra el refuerzo de la sanidad y, muy en concreto, la modificación de la orden que sobre atención primaria aprobó la Junta hace unas semanas. En particular, el acuerdo suscrito por el Gobierno andaluz y los agentes sociales -tanto sindicatos como patronal- contempla la garantía de no externalización de la atención primaria, salvo en situaciones de emergencia sanitaria, acotando la excepción; así como la prohibición del uso de infraestructuras, equipos e instalaciones sanitarias públicas por parte de empresas privadas. Son medidas, ha defendido la sindicalista, que buscan evitar, como ha sucedido, ha denunciado, que «empresas privadas se han forrado con el dinero público».

Además, se busca que al menos el 25% del presupuesto del sistema sanitario público se destine a la atención primaria. Por ello, el sindicato emplaza a la Junta a que convoque a las organizaciones sindicales para blindar la atención primaria y dejar «claramente y nítidamente que la atención primaria no se privatice».

La secretaria general de Comisiones Obreras de Andalucía también ha interpretado que la Junta «ha reconocido que se ha equivocado en su política sanitaria al suscribir el acuerdo», que asimismo contempla, con vistas al medio y al largo plazo un refuerzo de todas las categorías profesionales de la sanidad, también las administrativas.

Entre las medidas de carácter urgente se cuentan además la bonificación del transporte público en un 60%, un plan de choque contra la siniestralidad laboral, un plan urgente de empleo juvenil y medidas en vivienda para la juventud, así como ayudas para empresas, especialmente pequeñas y medianas, siempre vinculadas a la creación o mantenimiento del empleo.