Los asalariados malagueños que cobren más de 54.000 euros tendrán que aportar más para las pensiones

¿Cuántas personas asalariadas se verán afectadas por esta reforma si supera el trámite parlamentario aún pendiente? Si bien la Seguridad Social no ofrece datos sobre cuántos trabajadores cotizan por la base máxima, Inmaculada Domínguez Fabián, profesora titular de la Universidad de Extremadura, remite a las cifras de las que dispone la Agencia Tributaria. Las últimas disponibles, si bien corresponden al año 2019, tienen la ventaja de que no están distorsionadas por los efectos de la pandemia. A partir de esta fuente, de acuerdo con los cálculos de Domínguez Fabián, las personas que verán incrementada su contribución a la Seguridad Social serán, al menos, quienes tengan percepciones salariales a partir de las 4 veces el salario mínimo interprofesional. Éstas son, al menos, 23.123 en Málaga, casi un 3,5% del total de 662.814 asalariados de la provincia. En el conjunto de Andalucía quienes verán incrementada la factura con la Seguridad Social serán casi 122.000, también en torno a un 3,5% de los 3,5 millones de trabajadores de la región. Y en España sobrepasarán los 1,07 millones, cifra que supone un porcentaje superior, el 5,6% de los 19,16 millones de personas asalariadas.

Éstas serían las personas afectadas por la primera de las reformas, la subida de la base máxima de cotización con el IPC además del adicional 1,2%. Aunque la profesora Inmaculada Domínguez cree que la proporción de personas alcanzaría en España el 7% o el 8% de la población asalariada, ya que habría que incorporar alrededor de la mitad de los asalariados del tramo inferior -el que aglutina a las personas con percepciones salariales equivalentes a entre 3,5 y 4 veces el SMI-. Dado que la estadística es del año 2019, en ese momento la base máxima de cotización estaba en los 4.070 euros, lo que hace un salario en doce pagas de alrededor de 48.000 euros. Ello implicaría sumar alrededor de otros 250.000 afectados en España, 6.000 en Málaga y 32.000 en Andalucía, lo que supondría alcanzar el 7% de los asalariados afectados en el conjunto del país y hasta cerca del 4,4% en Málaga y en Andalucía. Desde el Ministerio de Inclusión confirman que, de acuerdo con sus cálculos, la población asalariada afectada en el conjunto de España ronda el 7,5%. En la Comunidad de Madrid, con mayor proporción de asalariados mejor retribuidos, los afectados oscilarían entre el 10,5% y el 12,5% del total.

A ello habría que sumar el impacto de la cuota de solidaridad que habrán de abonar quienes se encuentren por encima de la base máxima de cotización por el volumen del salario que perciban sobre esa cifra. En este caso, el número de afectados es menor, ya que habría que excluir de la cantidad anterior a aquellas personas con ingresos salariales equivalentes a la base máxima de cotización. Ello implica que en Málaga, de acuerdo con las estadísticas más recientes, serán cerca de 16.000 los asalariados que abonarán la cuota de solidaridad, mientras que en Andalucía serán algo más de 83.000 y en España, 782.000.

Fuentes del Ministerio de Inclusión precisan que del total de afectados en España, dos tercios son hombres y un tercio son mujeres, en consonancia con la infrarrepresentación femenina entre los puestos con salarios más elevados. En Málaga sucede eso mismo. De esta forma, de las 23.000 personas asalariadas que verán incrementada su cotización a la Seguridad Social por estar en las escalas retributivas más altas, más de 16.000, es decir, prácticamente un 70% son hombres.

La reforma también incluye la mejora de las pensiones mínimas. Son prestaciones que cobran, al menos, interpreta Carlos Vidal-Meliá, catedrático de la Universidad de Valencia, 2,17 millones de personas en España, más de 480.000 en Andalucía y más de 75.000 en Málaga, cerca de un 30% del total en este último caso.

La reforma que plantea Escrivá ha recogido muchas críticas, que la profesora Inmaculada Domínguez sintetiza: por un lado, afirma que limitará las subidas salariales que se puedan negociar entre los empresarios y los trabajadores, dado que, afirma, los incrementos de las cotizaciones se reparten a razón de cinco -a cargo de las empresas- a uno -a costa de los trabajadores-. Los empresarios, argumenta, si tienen un presupuesto para realizar incrementos salariales tendrán que contar con que las cotizaciones sociales se encarecen, lo que dejará menos margen para mejorar los sueldos. Domínguez también señala que las medidas adoptadas para incrementar los ingresos del sistema merman su carácter contributivo, ya que los incrementos en la base máxima de cotización no se trasladan a aumentos de la pensión máxima. Y, por último, se queja de que se incluyan ingredientes impositivos, como la cuota de solidaridad y el MEI, cuyo pago no revierte en el aumento de la pensión.

En este sentido, de acuerdo con los cálculos de Ángel de la Fuente, investigador de Fedea, con las medidas del Gobierno, en 2050 se habrá registrado un incremento acumulado del 38% para la base máxima de cotización, mientras que la pensión máxima habrá aumentado un 3,15%.

A estas cuestiones, Carlos Vidal-Meliá, catedrático de la Universidad de Valencia, añade que es el sistema tributario el que tiene una misión redistributiva. Y que las medidas adoptadas no son suficientes para cerrar el déficit contributivo de las pensiones públicas.