'Andalucía viable', la herramienta para garantizar el futuro de pymes y autónomos

A las consecuencias de la paralización de parte de la economía por las restricciones impuestas para contener la pandemia, ahora se suma que 2022 también es el año en el empiezan a vencer los créditos ICO. Esta liquidez, necesaria en su día, se convierte ahora en una pesada losa para muchas empresas que no han podido recuperar aún su actividad o, como pasa por ejemplo en el sector del turismo, las restricciones que aún persisten impiden una plena vuelta a la normalidad precovid.

No es el único problema al que se enfrenten ahora las empresas y los pequeños autónomos. El encarecimiento de los costes y la crisis entre Rusia y Ucrania son otro test de estrés. «Vivimos una situación geopolítica muy delicada. Las empresas están en un escenario de incertidumbre y complejidad. Nadie tiene muy claro qué escenario hay y las empresas necesitan», ha señalado González De Lara. Un tiempo, ha detallado luego el máximo representante de los empresarios andaluces, que también pasaría por una nueva moratoria por parte del Gobierno en relación a los créditos ICO.

Una vez fijado este marco, entraría en función 'Andalucía viable'. Las grandes empresas tienen departamentos que fijan las estrategias a futuro con el objetivo máximo de garantizar la viabilidad. Ese papel lo ocuparía para las pymes y los pequeños autónomos la CEA, poniendo a disposición todos sus recursos. «Es una herramienta de auxilio y apoyo a las empresas, fundamentalmente empresas y pymes, para garantizar la viabilidad de las mismas. En base a darles el asesoramiento que les permita detectar situaciones de insolvencia. Que puedan detectar en este contexto tan difícil si su proyecto empresarial es viable o no viable», ha explicado a preguntas de este periódico.

El 30 de junio, cabe recordar, vence también la moratoria concursal que el Gobierno prolongó para facilitar la recuperación. González de Lara ha aseverado, en este sentido, que es primordial impedir que ahora se desate una avalancha de concurso de acreedores. La suspensión significa que las empresas que no puedan atender a pagos tengan que solicitar la declaración de concurso en los dos meses siguientes, es decir el 1 de septiembre de 2022. «Venimos de dos años que les han robado la vida a muchas empresas. Me niego a hablar de empresas zombie», ha insistido De Lara, otra vez, en que «lo que se necesita es tiempo».