Andalucía estudia la declaración de «emergencia habitacional» por la crisis de la vivienda en Málaga

Los promotores lo tienen claro: el problema de la vivienda es un problema de falta de vivienda. Sobre todo en Málaga. Por eso el sector quiere declarar la «emergencia habitacional» en algunas zonas de la provincia para agilizar la construcción de viviendas tanto protegidas como libres. El objetivo es aumentar la oferta hasta acercarla a la demanda. Para ello han presentado un informe jurídico como alegación al anteproyecto de ley que prepara la Junta de Andalucía. Sería esa ley la que tendría que incluir la posibilidad de que se declare esta «emergencia habitacional». El documento, que ya está en la mesa de la Consejería de Fomento, recuerda que la actual crisis de la vivienda constituye una situación de «emergencia» que requiere «el fomento del acceso a una vivienda digna a precio asequible».

Con esta declaración se simplificarían los plazos de desarrollo de suelos para nuevas viviendas, plazos que ahora pueden prolongarse hasta diez años entre el inicio de la tramitación y la ejecución de la obra. La propuesta incluye la creación de una oficina aceleradora, como ocurre con la unidad que tramita expedientes de interés estratégico, especializada en promociones de vivienda para que se agilicen los trámites y se reduzcan todos los plazos de promoción. Sería una medida pionera en España; sólo Canarias ha legislado hasta ahora esa emergencia, aunque en un decreto menos ambicioso que el que plantean los promotores andaluces. El propio Congreso de los Diputados, en abril, tumbó una proposición de ley que reclamaba esta declaración para todo el país. Pero los promotores andaluces no desisten.

«Porque ahora, -recuerda Ignacio Peinado, presidente de la Federación Andaluza de Promotores Inmobiliarios (Fadeco)-, hay déficit de viviendas». En Andalucía faltan unas cien mil, según sus cálculos, de las que treinta mil corresponden a Málaga. La patronal recuerda que el derecho a acceder a una vivienda y la obligación de las administraciones públicas de establecer las condiciones necesarias para ello suponen principios recogidos en la Constitución. Y esto pasa, según el sector, por «contribuir a un entorno de seguridad jurídica que facilite un adecuado abastecimiento de suelo». La idea es que la declaración de emergencia habitacional permita la ejecución de obras urgentes, como ocurre cuando se producen accidentes o surgen otras crisis como la sequía. «Hemos visto cómo se ha construido una tubería para conectar el Peñón del Cuervo con la depuradora de Rincón de la Victoria, una obra hecha sin proyecto porque se entendía que era una emergencia. ¿Por qué no consideran también el problema de la vivienda como una urgencia?», pregunta Peinado.

La declaración de emergencia habitacional sería temporal y localizada y podría aplicarse a determinados municipios pero también a barrios. Es un concepto utilizado por el Tribunal Constitucional y por la Ley estatal de Vivienda y cuenta ya con un antecedente autonómico: Canarias aprobó este mismo año un decreto ley que regula la denominada declaración de emergencia habitacional. Lo justifica por la existencia de una «situación crítica con una elevada demanda de vivienda, especialmente de vivienda protegida» y por «una manifiesta incapacidad de la oferta, tanto pública como privada, para atender esa demanda».

La ley canaria simplifica «los requerimientos normativos necesarios» para la construcción pero también ofrece hasta un cuarenta por ciento más por módulo destinado a vivienda pública debido a que los planes anteriores habían fracasado porque el precio por metro cuadrado no era rentable para los constructores. E incluye otras opciones, como que los edificios puedan crecer en altura, hasta el tope de su entorno, si la mitad se destina a VPO. Por ejemplo, si se proyecta un edificio con cinco plantas que tenga bloques colindantes de ocho, los promotores pueden ganar tres plantas más, hasta alcanzar las ocho, con la condición de que la mitad de ese incremento se destine a vivienda protegida.

El informe que presentan los promotores, elaborado por el despacho Montero-Aramburu y Gómez-Villares Atencia y al que ha tenido acceso este periódico, reconoce que la flexibilización de las normas urbanísticas «es una idea disruptiva», pero recuerda que la actual crisis de la vivienda requiere «cobertura legal». Fadeco deja la pelota en el tejado de la Consejería de Fomento al recordar que las comunidades autónomas cuentan con competencia para establecer un modelo urbanístico propio. La Junta tiene ahora que valorar si incluye en la ley esta declaración de emergencia habitacional propuesta por la patronal.

Esa «emergencia habitacional», en caso de acabar recogida en la ley que prepara la Junta, podría declararse en cualquier zona de Andalucía. Con la declaración se establecería «una vía rápida» para la construcción de viviendas públicas (VPO) y libres (venta privada), medida justificada «por la situación crítica» que atraviesa el país, especialmente dramática en ciudades turísticas y pujantes como Málaga, que, como resume Peinado, «es uno de los cinco municipios donde se concentra el crecimiento de España».

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