Los alcaldes se rebelan contra el proyecto del Gobierno para disponer de sus ahorros

Los regidores del Partido Popular, en cambio, han sacado toda su artillería dialéctica y no han dudado en calificar de chantaje la propuesta contenida en el borrador del decreto ley.

Los ayuntamientos vienen reclamando desde hace años que se les permita disponer de sus ahorros -el remanente y el superávit acumulado- de los que no pueden echar mano en virtud de la ley de estabilidad presupuestaria aprobada en 2012 en el marco de las medidas de austeridad aprobadas por el gobierno de Mariano Rajoy para hacer frente a la crisis de aquel momento.

Esta limitación dio lugar a que los ahorros se acumularan en las arcas municipales. Mijas, con 120 millones, Benahavís (86 millones), Estepona (62 millones), Málaga (30) y Marbella (20) son los municipios de la provincia con más recursos financieros inmovilizados.

Por este motivo, al desatarse la crisis del coronavirus, los gobiernos municipales comenzaron a reclamar al Ejecutivo central un cambio en la norma que les permitiera echar mano de esos fondos para hacer frente a las urgencias sociales y también para impulsar mediante la obra pública la reactivación económica.

El Gobierno de Sánchez permitió utilizar un 20 por ciento del remanente del año pasado para medidas sociales, pero la solución que pretende arbitrar ahora en relación al resto de los fondos, lejos de convencer a los ayuntamientos, ha levantado su protesta. En la mayoría de los casos, airada.

El borrador del decreto ley contempla que las entidades locales cedan todos sus ahorros a la Administración General del Estado en calidad de préstamo, para después recibir mediante transferencias una parte de esa cantidad, un 35 por ciento. Con el resto, el Gobierno financiaría sus propios gastos, ya que no lo comenzaría a devolver hasta 2022, con un plazo de amortización de diez años.

Para la mayor parte de los alcaldes, esta propuesta es un «chantaje», término al que han recurrido tanto el presidente de la Diputación Provincial de Málaga y alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, como el regidor de Estepona, José María García Urbano, que es también vicepresidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). La junta directiva de este organismo iba a abordar este asunto ayer por la tarde, pero la reunión fue desconvocada a última hora por su presidente el socialista Abel Caballero, alcalde de Vigo.

Fuentes del PSOE han informado a este periódico de que alcaldes de ese partido negocian con el Gobierno para conseguir una modificación de los aspectos del borrador que más han irritado a los ayuntamientos. A estas negociaciones se atribuye la decisión de desconvocar la reunión.

Mientras tanto, el Partido Popular se ha puesto al frente de la rebelión y reclama luz y taquígrafos en las negociaciones. El vicepresidente y el portavoz del Grupo Popular en la Federación Española de Municipios y Provincias, José María García Urbano, y Jorge Azcón (alcalde de Zaragoza), respectivamente, exigieron en un comunicado que se convoque una Junta de Portavoces de la FEMP, tras haber sido informados de la anulación de la reunión.

A juicio de ambos dirigentes populares la propuesta del Gobierno de «incautarse» de los remanentes y el superávit de los Ayuntamientos y Diputaciones es un asunto sumamente grave .

El PP considera un intento de atraco a los ahorros municipales por parte del Ejecutivo. Esa posición ha sido unánime entre los alcaldes populares de la provincia.

Salado anunció que la Diputación Provincial de Málaga encargará un análisis jurídico sobre la medida, ya que en su opinión la propuesta es ilegal y podría incurrir también en inconstitucionalidad.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, lamentó que la propuesta del Gobierno no responda a las expectativas de los ayuntamientos para hacer frente a la situación creada por la pandemia. «Hay muchos problemas y queremos ser útiles para nuestros vecinos», señaló.

Por su parte, la primera edil de Marbella, Ángeles Muñoz, no mostró sorpresa. «Desgraciadamente sospechábamos lo que tramaba el Gobierno, porque estaban demorando en un momento en el que los ayuntamientos necesitamos esos ahorros».

No sólo los alcaldes del PP han mostrado su rechazo. El de Manilva, Mario Jiménez (Compromiso Manilva), que gobierna con el PSOE, lo considera «inconcebible e inaceptable», y el de Casares, José Carrasco (IU), indicó que es necesario que los ayuntamientos puedan disponer de todo su superávit.