Alcaldes de todos los partidos menos el PSOE rechazan el acuerdo sobre el superávit y reclaman reparto de fondos según población

Ningún alcalde del PSOE ha suscrito el documento, que pone en evidencia las dificultades que tendrá el Gobierno para que el acuerdo alcanzado con la FEMP supere el trámite parlamentario. Entre los firmantes, además de una larga lista de ediles del PP, aparecen regidores municipales pertenecientes a todos los partidos que son socios reales o potenciales de los socialistas, entre ellos la de Barcelona (Barcelona en Comú); Cádiz (Podemos); Valencia (Compromís); Lleida (Esquerra); Pontevedra (BNG); Pamplona (Navarra Suma) y Torrelavega (Partido Regionalista de Cantabria). También figuran entre los firmantes alcaldes de Ciudadanos (Granada y Palencia) y de otras formaciones. Todos ellos piden el apoyo de los grupos políticos representados en el Congreso de los Diputados y en el Senado para que que rechacen el acuerdo adoptado entre la FEMP y el Ministerio de Hacienda y que defiendan «el derecho de todos los ciudadanos a ser ayudados en igualdad por el Estado independientemente del municipio en el que habiten».

El manifiesto reivindica el papel que han jugado los ayuntamientos en la gestión de la crisis sanitaria y recuerda que los municipios están realizando ese esfuerzo financiero sin ayudas y exclusivamente con recursos propios «en unas circunstancias excepcionales, de duración desconocida, que han hecho mermar los ingresos y aumentar los gastos de manera inédita».

Por ello, aseguran que necesitan ayudas estatales y europeas para poder continuar prestando los servicios y medidas anti-COVID que necesitan los vecinos y al mismo tiempo colaborar desde el ámbito local en la reactivación de la economía. «Las necesitamos ya para poder ejecutarlas con garantías durante el resto del presente ejercicio presupuestario», advierten.

Los alcaldes rechazan el acuerdo entre la FEMP y el Ministerio de Hacienda, al que consideran injusto por vulnerar el principio de igualdad entre municipios y ciudadanos. En su opinión, también atenta contra autonomía financiera de las entidades locales y establece «una inadmisible exclusión» de los ayuntamientos que no disponen de remanente del reparto de los fondos provenientes de los Presupuestos Generales del Estado. «Los criterios acordados para la distribución de esos fondos no son justos ni solidarios, perjudican gravemente a cientos de miles de habitantes de muchos municipios y crean una inaceptable situación de agravio entre unos municipios y otros», asegura.

Los alcaldes firmantes advierten además, que el decreto que recoge ese acuerdo entre la FEMP y el Ministerio de Hacienda no cuenta con mayoría suficiente para ser convalidado en el Congreso. «La propuesta del Gobierno central de tramitarlo como proyecto de ley es inaceptable; eso supondría insistir en un enorme error y, además, retrasar las medidas que pudieran aprobarse más allá del presente año», señalan.

Por ese motivo, ante la falta de una mayoría suficiente para convalidarlo, reclaman la apertura de un proceso de diálogo con el Ministerio de Hacienda para iniciar unas nuevas negociaciones sobre unos criterios de reparto de los fondos «basados en la igualdad y en la solidaridad, tal y como ya se ha hecho con el conjunto de las comunidades autónomas a través del fondo de 16.000 millones de euros habilitado por el Gobierno de España».

En opinión de los 31 alcaldes firmantes, esa nueva negociación debe basarse en los acuerdos alcanzados por unanimidad en el seno de la FEMP el pasado 2 de abril para reclamar al Gobierno de España que arbitre un sistema de ayudas a todos los ayuntamientos que permitan hacer frente a las dificultades económicas ocasionadas por la crisis sanitaria del coronavirus, con especial atención al fondo incondicionado de 5.000 millones y al de 1.000 millones destinado específicamente al transporte público. «Estas ayudas son imprescindibles para que los municipios sigan prestando sus servicios públicos y ayudando a quienes más lo necesitan durante la actual crisis económica».

Los representantes municipales insisten en que una vez que no se convalide el actual decreto, el Gobierno central debe elaborar otro, y tramitarlo con la mayor urgencia posible, en el que se recojan las medidas que sí cuentan con un respaldo político: un fondo estatal incondicionado de 5.000 millones para todos los ayuntamientos y otro específico para la financiación del transporte municipal; la ampliación del plazo de las inversiones financieras sostenibles y la eliminación de la regla de gasto, el concepto de déficit y de estabilidad, al menos para 2020 y 2021.

También exigen que los ayuntamientos puedan disponer libremente de los remanentes acumulados durante los últimos años para destinarlos a los proyectos y políticas que cada municipio determine en función de sus propias necesidades. «Nos comprometemos a seguir defendiendo la igualdad y la solidaridad en el reparto de los fondos estatales entre los municipios, así como a preservar los intereses de todos los ciudadanos independientemente del municipio en el que vivan y de la situación económica en la que se encuentren sus ayuntamientos».