Afectados por el descarrilamiento del tren a Sevilla inician un contencioso contra Adif

Fernando Osuna, director del bufete, espera que se sumen más damnificados en próximas fechas. Según su criterio, Adif, empresa pública encargada del servicio ferroviario, ha podido incurrir en «responsabilidades administrativas». Ante la situación meteorológica y el escenario de inundaciones que se vivía aquel día en el municipio de Arahal, el letrado considera que el tren debió detenerse o andar muy despacio. Según las primeras conclusiones del bufete, «parece ser que nunca se debió acordar que el tren marchase por la vía en las pésimas condiciones en la que se hallaba o, de hacerlo, habría que llevar una velocidad muy reducida. Ninguna de las medidas se adoptó».

En relación al alegato de Fomento de que el suceso fue por «fuerza mayor», los expertos del despacho Osuna señalan que el supuesto no cumple con los requisitos, en primer lugar, porque no se trata de un suceso ajeno a la propia actividad; y en segundo, porque pudo haberse evitado. Igualmente, se trata de daños que el administrado no tiene el deber jurídico de soportar conforme a la ley. La presunta causa de fuerza mayor, es decir, la lluvia caída en la zona del descarrilamiento, «no libra a la Administración de una posible responsabilidad».

Como precedente, en las inundaciones del año 2010 en Écija se condenó al Ayuntamiento y a la Junta por no tener el cauce del arroyo Argamasilla en buenas condiciones, a pesar de las intensas precipitaciones. De ahí que el daño ocasionado con el accidente ferroviario podría derivar en una responsabilidad patrimonial de la entidad pública Adif, «tras la decisión de abrir la vía a pesar del estado de la misma, fruto de las malas condiciones climáticas que convirtieron el terreno en un barrizal».

Por ello, Osuna explica que, en un primera fase, están recopilando los informes médicos donde acrediten los daños, secuelas, tiempo de baja y cicatrices, para determinar las lesiones que ha sufrido cada viajero y cuantificarlas, así como otras indemnizaciones. Cuando se obtenga toda esa documentación se harán las reclamaciones, primero al Ministerio de Fomento. Si no contesta en un tiempo prudencial o lo hace en sentido negativo, irán al Contencioso Administrativo, para lo que hay un año de plazo. Luego, habrá que esperar de 12 a 18 meses para que el tribunal dicte sentencia. El descarrilamiento dejó 37 heridos, dos de ellos de gravedad.

Sobre esta cuestión, desde Adif indicaron a Europa Press que el derecho asiste al ciudadano a emprender las posibles acciones judiciales que considere oportunas, y recordaron que cada vez que una persona adquiere a Renfe un billete de tren, también compra un seguro obligatorio de viajeros, orientado a cubrir las contingencias que puedan producirse en el viaje.