En los dos episodios de danas destructivas que ha vivido la provincia entre finales de octubre y mediados de noviembre, más de 500 malagueños se quedaron sin su coche, según los últimos datos conocidos del Consorcio de Compensación de Seguros. En el caso de que necesiten comprar un vehículo usado, los afectados estarán exentos de pagar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales.
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Esta es una de las medidas urgentes que se han aprobado en el Consejo de Gobierno telemático y extraordinario de la Junta que se ha celebrado hoy, y que ha aprobado un nuevo decreto ley de acciones de la Junta para paliar los efectos de la DANA, «con la idea de agilizar los pagos de los incentivos que desde el Gobierno andaluz nos comprometimos con los afectados», afirma la consejera de Economía, Carolina España.
El decreto ley tiene tres puntos, de los que el primero es una bonificación al 100% del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) para los vehículos usados que se compren para sustituir a otro dañado por la DANA. España recuerda que, cuando su adquiere un vehículo de segunda mano, este está sujeto a ese impuesto, que «se va a bonificar al 100%». Ello significa que para un vehículo con un precio de 10.000 euros, el ciudadano tendrá un ahorro de 400 euros (porque el tipo es del 4%).
La consejera de Economía recuerda que los automóviles nuevos están sujetos a IVA, que depende del Gobierno de España, «al que animamos a que también haga una bonificación del IVA para los afectados por la DANA».
El segundo punto se refiere a los incentivos que van dirigidos directamente a los ayuntamientos. Los dos decretos contemplan 20 millones en ayudas: 12 millones en uno y ocho en el otro (para este último hoy termina el plazo). «Queremos pagarlos rápidamente y que lleguen cuanto antes para arreglar las infraestructuras, y por eso hemos arbitrado un procedimiento de anticipo, para que estén abonados antes del 31 de diciembre». Un total de 440 municipios andaluces se pueden acoger, y el plazo para solicitar los anticipos se prolongará hasta el 13 de diciembre.
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Por otra parte, se ha incluido una modificación, de la que ya se informó días atrás, de la Ley de Universidades para afrontar y solventar de forma excepcional situaciones de dificultad financiera de algunas de estas instituciones, caso de la Universidad de Málaga (UMA). La Junta sale al rescate de esta última con un préstamo de 48,5 millones de euros, de los cuales tendrá tres años de carencia y 21 años para devolver el crédito, que tiene un tipo de interés del 1%. Además, la UMA se ha comprometido a hacer un plan de ajuste.
«Es un decreto urgente porque queremos pagar los incentivos de la DANA antes del 31 de diciembre y que ponemos en marcha gracias a la estabilidad política y presupuestaria de este Gobierno, que no está sometido a chantaje ni de derecha ni de izquierda», fue la valoración política de la consejera malagueña. «Trabajamos pensando en los ciudadanos andaluces que son nuestros únicos socios, y lo que queremos es que cuanto antes puedan recuperar la normalidad, tanto los ayuntamientos como los particulares».
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