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La exclusión financiera es un mal ya diagnosticado: muchos municipios se han quedado sin sucursal bancaria y sin cajeros automáticos, lo que hace imposible realizar las más simples operaciones a sus ciudadanos en las localidades en las que residen. En Málaga, este problema, el déficit de servicios financieros, afecta sobre todo a los pequeños pueblos de la Serranía de Ronda o de la Alta Axarquía, según palabras del presidente de la Diputación, Francisco Salado. De acuerdo con cifras del Banco de España, en la provincia de Málaga, de las casi 1.400 oficinas bancarias que había en el año 2008 se ha pasado a las apenas 558 actuales. La Diputación Provincial ya había puesto en marcha un pequeño paliativo para favorecer el acceso de la Málaga interior a los servicios financieros y firmó un acuerdo con una entidad bancaria para instalar nueve cajeros automáticos, para lo que obtuvo financiación de la Junta por valor de 132.000 euros. Ello, en respuesta a la demanda de los alcaldes afectados.
Pero ahora el programa adquiere una mayor dimensión, puesto que este lunes el departamento que dirige Salado ha firmado un acuerdo de colaboración con la Junta de Andalucía que prevé instalaciones de cajeros automáticos en 27 municipios de Málaga en los que residen 43.000 malagueños. El objetivo es, ha declarado Salado, «que todos los malagueños residan donde residan tengan los mismos servicios privados y públicos que en una gran ciudad». De esta manera, se busca que los habitantes actuales de los pueblos pequeños quieran mantener su residencia en ellos y que, además, puedan también recibir población, a la vista de la presencia de servicios equivalentes a los que puedan tener municipios más grandes.
El plan no tiene una dimensión únicamente provincial; se extiende a toda la comunidad andaluza. De esta manera, el protocolo que hoy ha firmado la consejera de Economía de la Junta, Carolina España, con la Diputación de Málaga se suscribirá también con las otras siete diputaciones de la región. Con ello, en toda la comunidad se calcula que se facilitará el acceso a cajeros automáticos a alrededor de 110.000 personas que habitan los 85 municipios en los que se prevén estas actuaciones. «El modo de vida está cambiando y cada vez se opera más de forma telemática, lo que agiliza los trámites. Pero hay algunos sectores de población, que bien por edad o por la localidad en la que residen, pueden sentirse excluidos. Queremos facilitar que puedan tener este servicio -el de los cajeros automáticos- sin tener que desplazarse», declaró España. «No estamos hablando de una cifra muy elevada», dijo la consejera en relación a los municipios y la población afectada, «pero en los pequeños detalles es importante que estén las administraciones», valoró.
La Junta de Andalucía pagará la mitad del coste de este programa, que se calcula en 300.000 euros como cuantía anual para las ocho provincias. El resto correrá a cargo de las respectivas diputaciones. De acuerdo con Carolina España, éste es un ejemplo de colaboración público-privada; e ilustró: las entidades financieras se han retirado de esos municipios y la administración detecta esta necesidad que ha surgido y le compete paliarla. Además, añadió, se trata de una medida para luchar contra la despoblación: «Hay que hacerle la vida más fácil a la gente que vive en estos municipios; algo tan sencillo como desplazarse al pueblo de al lado hay personas que no pueden hacerlo». «La Junta tiene que estar pendiente de las poblaciones rurales», declaró la consejera andaluza de Economía. Aunque son los ayuntamientos los que tienen que solicitar su incorporación a este plan. También se podrán adherir las entidades financieras que tengan interés en la provisión adecuada de servicios bancarios presenciales en los municipios que así lo demanden. El plan contempla que se pueda trabajar con todas las entidades financieras para que el servicio sea accesible independientemente de cuál de ellas se sea cliente.
La iniciativa cuenta con dos medidas que actuarán en paralelo: el impulso de la firma del protocolo entre las diputaciones, la junta y las entidades financieras; y la creación de la línea de subvenciones para municipios que no posean ni oficinas bancarias ni cajeros automáticos.
Los nueve municipios que ya han recibido ayudas públicas para la instalación de cajeros automáticos son Algatocín, Arenas, Benalauría, Canillas de Albaida, Cútar, Jimena de Líbar, Júzcar, Serrato y Macharaviaya.
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