El acoso sexual en los cuarteles militares españoles

El caso de la militar malagueña que ha denunciado dos agresiones sexuales en el acuartelamiento de Bobadilla –una de ellas grupal y mediante el uso de narcóticos– ha vuelto a poner sobre la mesa el debate respecto a este tipo de situaciones en los cuarteles, que hasta no hace mucho han estado completamente silenciadas en las Fuerzas Armadas. Para combatir el problema, Defensa creó un protocolo y ahora el Observatorio de la Vida Militar ha realizado la primera radiografía sobre el calado de este tipo de hechos.

En concreto, el estudio versa sobre la aplicación del citado protocolo, aprobado en noviembre de 2015. El informe del observatorio, un organismo adscrito a las Cortes, es contundente y asegura que, «en la inmensa mayoría de los casos, la víctima de acoso en todas sus distintas acepciones es la mujer».

En el primer año de aplicación del protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo en las Fuerzas Armadas –los datos de 2016 son los últimos que se han conocido– se han abierto 16 procedimientos penales (11 están en fase de instrucción, y cinco se han elevado a sumario). En el ámbito disciplinario, se han instruido seis expedientes (dos han pasado al ámbito penal y cuatro están en trámite). Esta cifra supone un gran aumento frente al año anterior, cuando solo se abrieron dos procesos penales y ninguno disciplinario.

Pese a que se reconoce que «es difícil» realizar comparaciones con los datos que se puedan disponer de años anteriores a la entrada en vigor del protocolo, el Tribunal Militar Central pudo identificar, entre los años 2004 a 2015 y referidos a las Fuerzas Armadas, 174 denuncias relacionadas con acoso. La gran mayoría de ellas fueron archivadas –110–, siete remitidas a la autoridad disciplinaria, once resultaron inhibidas a otros órganos y, finalmente, 46 fueron consideradas de naturaleza penal. Respecto a esta última cifra, se precisa que solo 22 acabaron en condena.

Mientras el asunto de la militar malagueña continúa su curso en los tribunales, hay que recordar que en su caso se puso en marcha el citado protocolo. En concreto, fue el pasado 15 de diciembre, tres días después de su primera denuncia, donde informó a los agentes de que había sido drogada tras haber estado con sus compañeros celebrando el día de la patrona del Ejército del Aire. La mujer acudió a ver al comandante con una amiga y le comunicó a su superior su sospecha de que habían abusado de ella tras suministrarle barbitúricos.

El comandante activó inmediatamente el protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo en las Fuerzas Armadas. El responsable del acuartelamiento ofreció a la soldado asistencia médica, jurídica y psicológica, que ella en un primer momento rechazó, aunque cambió de opinión y el pasado viernes solicitó ser atendida por un psicólogo, ayuda que se le ha prestado, según explicaron desde Defensa.

Y es que el protocolo recoge una serie de medidas de protección para garantizar la dignidad de las víctimas, como atención de carácter médico y psicológico. Además, ofrece asesoramiento profesional, social y jurídico, así como el seguimiento y acompañamiento de la persona, comprometiéndose a que haya celeridad en las actuaciones.

Tras interponer la denuncia, algo que puede hacer la víctima, algún compañero o incluso cualquier persona de confianza de la víctima; el protocolo tiene en cuenta una serie de medidas cautelares. Respecto a las víctimas, se recoge, entre otras posibilidades, que esta persona pueda solicitar una comisión de servicio en distinta unidad o localidad en la que ocurrieron los hechos. Precisamente, según Defensa, esta posibilidad fue planteada a la militar malagueña.

Al parecer, el comandante le ofreció cambiar de destino en comisión de servicios mientras se investiga el caso. Le hizo dos propuestas, la base aérea de Málaga o la Subdelegación del Gobierno, y la soldado rechazó ambas opciones. Como alternativa, le planteó cogerse vacaciones y ella aceptó.

Las medidas que se recogen en el protocolo también afectan a los presuntos agresores. Se plantean opciones como un arresto cautelar o el cese en sus funciones, además, el jefe de unidad puede cambiar de puesto al sospechoso y adoptar cualquier otra medida para garantizar la protección de la víctima.

Tras la denuncia de la soldado malagueña, adscrita a la sección de policía y con ocho años de carrera militar, no existía posibilidad de apartar a los autores de la supuesta agresión grupal, ya que, ante las lagunas que presenta la mujer respecto a la noche de autos (la madrugada del día 11), todavía no han podido ser identificados. Tampoco había revelado aún el primer ataque sexual, que habría sucedido en septiembre y que acabó denunciando en comisaría el 22 de diciembre en una ampliación de su declaración inicial.

Cuando la mujer detalló a los policías esta agresión sexual, que sería la primera cronológicamente, sí identificó con nombre y apellidos al supuesto autor de la misma, un compañero del acuartelamiento. En este caso, el comandante, según fuentes de Defensa, optó por no aplicar medidas cautelares ni apartar del servicio a este soldado hasta que avance la investigación (aún no ha sido citado por un juez en calidad de investigado tras ser detenido por la policía), ya que, además, la víctima seguía de vacaciones. El 12 de enero, la soldado se dio de baja por «contingencia profesional», lo que supone que percibe su salario completo.

Pese a todos estos aspectos, el observatorio destaca algunos puntos en los que debe mejorar el protocolo, en el que, además de los citados aspectos, también se recogen una serie de medidas para promover la prevención de estos casos. Aunque hace una «valoración positiva» de este «primer paso» en la acción de las Fuerzas Armadas para hacer frente al acoso, insiste en que el texto debe ser completado y perfeccionado.