La Junta saca adelante el cambio legislativo que regulariza 10.000 viviendas en Málaga

Los propietarios de viviendas construidas en parcelaciones en suelo no urbanizable en Andalucía podrán dormir desde hoy mucho más tranquilos. Si hasta ahora no podían aspirar a ningún tipo de regularización, dado que la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) establece que este tipo de edificaciones no prescriben y por tanto sobre las mismas siempre existía la posibilidad de una demolición, desde ayer cuentan con una vía para ser regularizadas. El motivo es que en el pleno del Parlamento andaluz se aprobó por 88 votos favor, los de PSOE, PP y Ciudadanos, y 19 abstenciones, las de IULV-CA y Podemos, un Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley 2/2002 de 17 de Diciembre que establece medidas urgentes en relación a estas viviendas, a las que se le ofrece como salida la posibilidad de ser declaradas como asimilado a fuera de ordenación (AFO). Se trata de una figura contemplada en el Decreto 2/2012 de regularización que permitirá a sus dueños poder registrar las casas en el Registro de la Propiedad y además acceder a los servicios básicos (agua y luz), algo a lo que hasta ahora no podía aspirar.

La Consejería de Ordenación del Territorio estima que la medida puede beneficiar a unas 30.000 viviendas en toda la comunidad de las 300.000 edificaciones irregulares que existen en suelo no urbanizable. Para colectivos de afectados como la Asociación Salvemos Nuestras Casas en la Axarquía (SOHA), que agrupa a más de 400 propietarios, en su mayoría residentes extranjeros, el Proyecto de Ley puede beneficiar a unas 70.000 viviendas, de las cuales 10.000 están en Málaga. Al menos, así lo aseguró ayer el presidente de SOHA, el británico Philip Smalley, que valoró como muy positivo que muchas familias van a poder retomar sus vidas y «acaba con la incertidumbre a la que han estado sometidas», ya que en muchos casos las parcelaciones se realizaron incluso con la aprobación de los ayuntamientos.

A la nueva normativa, cuya tramitación ha durado casi un año, podrán acogerse las edificaciones residenciales aisladas situadas en suelo no urbanizable, que tengan al menos seis años de antigüedad, siempre que no estén situadas en zonas inundables o en espacios declarados como de especial protección ni estén afectadas por expedientes administrativos. Para evitar que se siga construyendo en parcelaciones ilegales, la reforma deja claro que no es de aplicación en los casos en los que no haya transcurrido el límite temporal de los seis años.

Asentamientos

En el caso de edificaciones en parcelas que tengan la condición de asentamientos, la regularización se realizará a través de su incorporación en los planes generales de ordenación urbana (PGOU)de los diferentes municipios. A cambio sus propietarios deberán adoptar medidas correctoras urgentes para eliminar los impactos paisajísticos o ambientales que pudieran haberse producido, especialmente sobre los recursos hídricos.

Además de la modificación de los artículos de la LOUA, la norma incluye también tres disposiciones adicionales dirigidas a reforzar el proceso de identificación de edificaciones en suelo no urbanizable, garantizar el acceso a la información de las mismas y facilitar su registro en caso de regularización. En la primera, se establece que los ayuntamientos deberán iniciar en un plazo de dos años la redacción del avance de planeamiento, instrumento necesario para la identificación de las viviendas y la aplicación del régimen AFO. La segunda obliga a las corporaciones a responder en un plazo máximo de dos meses a las consultas planteadas por la ciudadanía en relación al régimen urbanístico aplicable a los terrenos y edificaciones en suelo no urbanizable, mientras que la tercera introduce un régimen complementario al del AFO para poder hacer efectivo el trámite del registro de las propiedades regularizadas, de manera que los dueños no tendrán que esperar a la resolución para disponer de agua, luz e inscribir su edificación en el registro.

Rodrigo Sánchez, del PSOE, subrayó que la ley «es un compromiso más cumplido por parte del Gobierno de Susana Díaz», de manera que «volvemos a demostrar que las instituciones andaluzas son una herramienta útil para solucionar los problemas de los ciudadanos».

Desde el PP, Patricia Navarro, calificó el texto normativo de «ley chapuza» y dijo que está «a años luz de lo que necesita Andalucía» y reafirmó el compromiso de su grupo de «seguir luchando por la regularización de viviendas».

Marta Escrivá, de Ciudadanos, dijo durante el debate parlamentario que la reforma es «un gran avance», aunque señaló que lo mejor es hacer una nueva LOUA.

Por IU, José Antonio Castro, justificó la abstención de su grupo en los plazos que contempla la norma para su desarrollo y por entender que le exige el urbanismo debe abordarse de manera integral, ya que «con estos parches podremos alcanzar logros parciales». Asimismo dijo que a IU le preocupa que los temas de Ordenación del Territorio se anuncien cada seis meses antes de las elecciones.

La parlamentaria de Podemos, Mercedes Barranco, criticó que la norma, «como mucho», beneficiará a unas 25.000 viviendas irregulares y crea «desigualdades», al tiempo que consideró que no soluciona el problema de forma integral.