Operación limpieza en Ciudadanos

Ciudadanos llegó a la política nacional con un proyecto basado fundamentalmente en la necesidad de acometer reformas en la Administración pública, la unidad de España, la transparencia y la regeneración democrática, amén de con críticas a las formas de funcionamiento interno y de actuar de los llamados viejos partidos. Al calor de su auge, una parte de la ciudadanía hasta entonces hastiada de las formaciones tradicionales o que decidió dar un paso adelante por primera vez en la política, se subieron al carro de la formación naranja; organización que se vio desbordada por su tirón y en una situación sin estructuras territoriales asentadas y fuertes y sin más liderazgo que el ejercido a nivel nacional por Albert Rivera. En ese contexto, a Ciudadanos llegaron una heterogénea amalgama de personas, algunos de los cuales representan al partido en las instituciones. Para intentar evitar que determinadas actitudes de sus representantes degraden los valores originarios, y por ende, la imagen y la credibilidad del partido, se está empezando a aplicar mano dura contra los cargos públicos que incumplan la carta ética que firmaron.

En ese contexto, hay que entender la operación limpieza que en los últimos días se ha puesto en marcha en la provincia y que afecta ya a varios concejales naranjas en los ayuntamientos de Torremolinos y Benalmádena, donde dos ediles han sido expulsados de la formación y otros dos están siendo investigados y podrían verse fuera del partido.

La orden, según fuentes consultadas por este periódico, viene desde la dirección nacional, concretamente de la secretaría de Organización de Fran Hervías, quien habría emplazado a Manuel Buzón uno de los integrantes del triunvirato que dirige Ciudadanos en Andalucía y que tiene las competencias en la vida orgánica del partido en la región a actuar «con contundencia» ante la más mínima sospecha de comportamientos que supongan el incumplimiento de los códigos éticos de la formación y se les expulse «por la vía expeditiva». A pesar de que ello pueda suponer una pérdida de ingresos los que recibe el partido por cada concejal, las fuentes destacaron que «por encima de todo están los principios» y remarcaron que son «el primer partido que expulsa a sus cargos públicos por cuestiones éticas».

En el caso de Torremolinos, la crisis se abrió después de que el concejal Juan Machío, número dos del grupo municipal, admitiera haber colocado a su cuñado en la Sociedad Anónima Municipal de Servicios (Samset) para cubrir horas extra como electricista mediante un contrato temporal de dos meses. Aunque algunas fuentes reconocieron que la gravedad de este hecho podría considerarse «menor», el partido «no está dispuesto a dejar pasar ni una».

Similitudes con Jaén

El caso de Benalmádena, según las fuentes, guarda similitudes con lo ocurrido en el Ayuntamiento de Jaén donde Ciudadanos expulsó a sus tres concejales por apoyar al PPpartido que rige la capital jiennense en un pleno para subirse el sueldo. En el caso de la ciudad malagueña, su número uno en las pasadas elecciones municipales y actual edil Bernardo Jiménez ha sido expulsado por cobrar como miembro del equipo de gobierno municipal en manos del PSOE pese a estar en la oposición. Un hecho que ha llevado al partido naranja a tener sospechas de un posible pacto encubierto con los socialistas.

En la misma situación, cobrando como ediles del equipo de gobierno, se encuentran Beatriz Olmedo y Óscar Ramundo, los otros dos representantes naranjas en este Consistorio. Fuentes consultadas, apuntaron que en los próximos días podrían correr la misma suerte que Jiménez y pasar al grupo de los no adscritos.

Estos casos de expulsión no son los únicos que ha tenido que tomar Ciudadanos en la provincia. En noviembre ya lo hizo con Antonio Pérez González, concejal en Rincón de la Victoria, por no acatar las directrices del partido, y en abril expulsó a su entonces candidato en Vélez-Málaga, Juan de Dios Segura, al trascender que fue condenado por el ejercicio de actividades privadas incompatibles con el ejercicio de sus funciones» como subinspector de Empleo.

Un caso particular es el de Mollina, donde su única concejal, Dolores Pinto, es primera teniente de alcalde y según denunció hace unas semanas el PP tiene de facto un acuerdo de gobierno con el PSOE, incumpliendo lo que Ciudadanos ha venido defendiendo de no entrar en gobiernos que no presidiera. «Este asunto está en vías de resolución», apuntaron las fuentes.