Baile de cifras sobre el empleo

Las altas cifras de paro es el principal problema al que se enfrentan los españoles y el principal reto al que deberá hacer frente el Gobierno que salga de las urnas el próximo 20 de diciembre. En este sentido, en el debate a cinco de SUR de los cabezas de lista por Málaga al Congreso hubo un baile de cifras en el que el PP se quedó con la botella medio llena (los datos positivos) y el resto de partidos se fijó en la medio vacía (los negativos).

El número uno del PP, José María García Urbano, puso en valor que en estos cuatro años se hayan creado un millón de puestos de trabajo y que Málaga es la tercera provincia de España en creación de empleo.

El resto de partidos denunció la precarización del mercado laboral, el aumento del desempleo juvenil y de las mujeres y el incremento de hogares con todos sus miembros en paro. Así, el socialista Miguel Ángel Heredia criticó que uno de cada dos jóvenes malagueños esté en paro y que el mismo porcentaje de trabajadores malagueños cobre menos de 645 euros, mientras que Alberto Montero, de Podemos, calificó de devastadora la reforma laboral del Gobierno de Mariano Rajoy.

Una reforma laboral cuya derogación defendieron tanto el PSOE como Podemos e IU-Unidad Popular. El cabeza de lista de esta última coalición, Francisco Guzmán, abogó también por acabar con el artículo 135 de la Constitución.

Mientras que la cabeza de lista de Ciudadanos, Irene Rivera, sostuvo que sin en 2011 las cosas estaban mal, ahora están peor y enumeró que hoy el paro juvenil es cinco puntos mayor que hace cuatro años, que en este periodo el número de hogares con todos los miembros en paro ha subido en 400.000 o que mientras que el PIB crece al 3%, los salarios lo hacen al 1%.

Sobre las propuestas, García Urbano insistió en la necesidad de seguir en la senda de las reformas y políticas desarrolladas en estos cuatro años. Heredia planteó duplicar las políticas de empleo y subir el salario mínimo interprofesional a los 1.000 euros en dos legislaturas; Guzmán también defendió la subida del salario mínimo y poner la economía al servicio de la ciudadanía; Montero abogó por una renta garantizada de 600 euros para las personas en riesgo de pobreza -8,5 millones de euros según sus datos-; mientras que Rivera propuso un complemento salarial anual en la devolución del IRPF.