Los conflictos entre divorciados por falta de acuerdo sobre los hijos inundan los juzgados

Ni el divorcio que termina de forma amistosa se salva de complicaciones y de discusiones cuando se trata de decidir después sobre asuntos que atañen a los hijos. Una vez consumada la ruptura, los excónyuges no acaban de ponerse de acuerdo en cuestiones tan elementales como el tipo de educación, la salud y en otras más triviales como permitir que el menor se haga un tatuaje. Los jueces advierten de un aumento de los conflictos entre exparejas, tanto divorciadas como no casadas, que acuden al juzgado en busca de una solución que, en principio, deberían encontrar por ellas mismas. Este fenómeno ya es conocido como la 'familia judicializada', término acuñado para describir una realidad social que se incrementa día a día.

Los juzgados de familia están constando un aumento de asuntos cada vez mayor, que pintan un panorama nada alentador, ya que muestran una excesiva judicialización de las relaciones familiares. Cada vez son más las parejas que se divorcian y se separan (dos divorcios por cada tres matrimonios) y cada vez hay más familias que se constituyen al margen del vínculo matrimonial y que luego se rompen. Estas representan ya un tercio del total de rupturas, según datos del Instituto Nacional de Estadística.

Pero no sólo son las rupturas, también crecen los conflictos posteriores. Son cada vez más los progenitores que acuden a los juzgados de familia para que se modifiquen sus pensiones alimenticias, denunciar impagos, reclamar la custodia compartida, cambiar los regímenes de visita o simplemente por no estar de acuerdo con la elección de un colegio o con un tratamiento médico para sus hijos.

Lentillas y 'piercing'

Además de las cuestiones de cierto calado, las exparejas acuden cada vez más al juez para que les resuelva cuestiones menos trascendentes como si el niño debe ponerse lentillas o hacerse un 'piercing' o un tatuaje. Todos estos asuntos vienen a representar casi un 30% del trabajo de un juzgado.

«El incremento de las rupturas, la aparición de nuevas formas de familia y el debilitamiento, cuando no la caducidad, de los códigos religiosos, sociales o éticos por los se regía la familia tradicional ha provocado que muchas personas tengan en los jueces la única referencia para regular sus relaciones familiares», explica el juez de familia José Luís Utrera, que recoge este fenómeno en su libro 'Guía para un buen divorcio', actualizado ahora por la editorial Ley 57.

Paradójicamente, la mayor implicación de los progenitores en la crianza de los hijos tras la separación o divorcio, algo deseable y positivo, tiene un efecto perverso cuando se produce una falta de acuerdo sobre las decisiones con respecto a los hijos. El juez Utrera asegura que «tras el divorcio, vuelven al juzgado buscando que los jueces resolvamos sus discrepancias y así nos convertimos en una especie de 'tercer progenitor dirimente', que decidimos sobre cosas tan variopintas como si el niño hace o no la primera comunión o si debe ir a un colegio público o privado, sobre un tratamiento médico o un tatuaje».

¿Pero por qué esa falta de acuerdo entre excónyuges? Para Gabriela Domingo, abogada y vicepresidenta de la Asociación Española de Abogados de Familia, «hay mucho de falta de comunicación, de relaciones enconadas entre los progenitores y en ocasiones de trastornos psicológicos derivados de frustraciones por una situación de paro o adicciones; vivimos en una sociedad muy crispada». En ese sentido, destaca la labor de «apaciguamiento del conflicto» que hace un abogado especialista en familia, «reteniendo» al cliente y haciéndole ver que «la judicialización de cuestiones que afectan a los niños no son la mejor solución».

Una buena opción tanto para desatascar los juzgados como para conseguir un acuerdo en los conflictos puede ser la del coordinador de parentalidad, una figura que nació en Estados Unidos y que busca facilitar la toma de decisiones en núcleos familiares conflictivos sin intervención judicial. Sería una especie de perito especialista, delegado del juez. Su función sería extrajudicial y su perfil, una mezcla de psicólogo y educador. En Cataluña ya se está poniendo en práctica con bastante éxito.