Medio centenar de monitoras de Educación Especial denuncian que no cobran desde octubre

Su labor en los colegios e institutos es fundamental para potenciar la integración y socialización de los alumnos con discapacidad, pero algo falla en el sistema cuando las personas encargadas de realizar esta labor acumulan meses sin cobrar. Ésa es la situación que de forma continuada vienen atravesando durante los últimos años el medio centenar de empleadas de la Federación de Asociaciones de Discapacitados Físicos y Orgánicos (Famf) que trabajan como auxiliares técnicos de Educación Especial en centros públicos de la provincia, a las que se les adeudan sus salarios desde mediados de octubre del año pasado.

Según denuncian, los impagos de nóminas son «continuos», responsabilizando tanto a su empresa (Grupo Corporativo Famf) como a la Junta de Andalucía, que es la que contrata a esta entidad a través de la Agencia Pública de Educación y Formación para prestar el servicio de apoyo y asistencia escolar para alumnado con necesidades educativas de apoyo específico.

Desde la Delegación de Educación aseguran que «a día de hoy» la Administración autonómica «se encuentra al corriente de los pagos con dicha entidad». En este sentido, remarcan que las transferencias «se están realizando con la periodicidad habitual y sin retrasos» y que «todo lo que tenía que pagarse se ha abonado ya». Según precisan, hasta ahí llega la implicación de Educación en este conflicto laboral. «El abono de las nóminas se escapa de nuestra competencia», afirman para descartar cualquier intervención pese a que así se lo reclaman tanto las trabajadoras afectadas como el propio Ayuntamiento de Málaga.

Por su parte, en la Famf tampoco dan más explicaciones, más allá de anunciar que el miércoles pasado recibieron un ingreso de la Junta y que «se está procediendo ya a abonar las primeras nóminas».

En medio de ambas entidades, las empleadas, todas ellas con algún grado de discapacidad puesto que la función de esta entidad es la integración de personas discapacitadas. «Ejercemos como monitoras pero en nuestros contratos figuramos como cuidadores y auxiliares técnicos para pagarnos entre 600 y 700 euros en función de si se trata de un colegio o de un instituto», se queja una representante de estas trabajadoras que prefiere guardar el anonimato, y que también denuncia «la precariedad de sus contratos» al ser por obra y servicios desde septiembre a junio. En cuanto a los impagos, insisten en que la situación se viene produciendo desde hace cuatro años. «¿Cómo puede la Junta subcontratar un servicio con dinero público y en centros públicos sin garantizar que la empresa paga las nóminas?», se pregunta otra empleada.

Una historia que se repite

La última vez que alzaron la voz fue en julio del año pasado, cuando de la mano de UGT denunciaron que les adeudaban las nóminas desde febrero. Entonces, la Junta responsabilizó a la empresa por no aportar la documentación necesaria para certificar la prestación de los servicios.

A mitad de camino entre la escolarización en centros específicos de educación especial y la modalidad de apoyo a la integración, éstas aulas ayudan a potenciar la integración de los alumnos con necesidades educativas especiales y su inclusión en el centro escolar donde se encuentra ubicada el Aula Específica a través de la creación de currículos y experiencias de escolarización mixtas. Dependiendo de las características y discapacidad del alumnado que atienden, estas aulas cuentan con un especialista en Pedagogía Terapéutica, atención especializada de Audición y Lenguaje, así como un monitor de Educación Especial.