Hacienda detecta en un año 30.000 viviendas y reformas sin declarar en la provincia

La campaña de Hacienda para sacar a la luz todas las construcciones de nueva planta, reformas o cambios de uso de inmuebles que no han sido declarados en el Catastro empieza a dar sus resultados, para satisfacción de los ayuntamientos que van a recibir una considerable inyección económica vía IBI y para fastidio de aquellos propietarios que durante años han esquivado los ojos del fisco pero que ahora no se van a librar de su particular catastrazo. Sólo en la primera fase de este plan de regularización 2013-2016, que ha abarcado a 486.000 viviendas de 29 municipios de la provincia entre los que destacan Fuengirola, Benalmádena, Mijas, Vélez, Antequera, Alhaurín de la Torre, Cártama y Alhaurín el Grande, las inspecciones han hecho aflorar 30.113 inmuebles (el 6,2% del total) que eran invisibles para la Administración a efectos tributarios porque ni sus propietarios ni el ayuntamiento de turno los habían declarado, independientemente de que tengan o no licencia de obras y la pertinente cédula de habitabilidad.

Las irregularidades de mayor envergadura son las nuevas edificaciones (esa casa de apero reconvertida en un chalé o esa finca familiar en la que los hijos han levantado sus casas junto a la de sus padres), que representan un tercio del total. Otro 36% responde a ampliaciones y rehabilitaciones (ganarle unos metros al patio trasero para crear un jardín o una plaza de aparcamiento), un 15% son a reformas y cambios de uso (cerrar la terraza para sumar otra habitación, entre otras) y el 16% restante a la construcción de piscinas.

Ahora sí están en orden, con el consiguiente incremento del valor catastral de la propiedad y su inevitable repercusión en impuestos cuya cuantía se fija en función del catastro. Tributos estatales como los de la renta (IRPF) o sobre el patrimonio, autonómicos como el de sucesiones y transmisiones, o municipales como las plusvalías y, principalmente, el IBI. Según los datos facilitados por el Ministerio de Hacienda, los titulares de estas construcciones se van a encontrar en el próximo recibo de la contribución con una subida media de 215 euros por inmueble, a los que hay que sumar otros 508 en concepto de atrasos de al menos los últimos cuatro años, ya que más allá de ese periodo se considera prescrito. En total, las arcas de los ayuntamientos incluidos en esta primera tanda de inspecciones se van a embolsar 21,7 millones de euros sólo en concepto de IBI.

Esas son las grandes cifras, pero evidentemente no todos pagarán por igual en función del tipo de fraude (no es lo mismo incorporar el valor catastral de una vivienda que el de un trastero). Lo que sí que tiene precio único son los 60 euros que Hacienda cobra al titular de cada inmueble por su regularización para cubrir gastos de los servicios realizados (desde la captura de fotos aéreas hasta comprobaciones sobre el terreno). De momento, solo por este concepto han salido de la provincia 1,8 millones de euros.

En este punto, desde la Dirección General del Catastro precisan que la irregularidad detectada no conlleva sanción alguna, pero sí que puede ser utilizada por los ayuntamientos y las administraciones autonómicas para penalizar obras ilegales. Por ello, procuran remarcar que el «objetivo de este plan es luchar contra el fraude para que afloren inmuebles que están disfrutando de los servicios públicos municipales a costa de los titulares de los que están correctamente declarados»

Llegar a toda la provincia

En cualquier caso, los 30.133 fraudes detectados representan solo una tercera parte de los que Hacienda estima que podrá localizar en toda la geografía malagueña, donde a la actuación ya completada en los primeros 29 municipios se suman los trabajos de campo que se están realizando actualmente en otras 13 localidades (la capital y el resto de municipios costeros y del área metropolitana) para obtener una imagen fiel de la situación actual de cada territorio y cazar a quienes no han cumplido con su obligación (recogida en la Ley del Catastro Inmobiliario) de declarar de forma completa y correcta las altas de nuevos inmuebles o las modificaciones realizadas en los ya existentes ya sean económicas, físicas o de titularidad.

El objetivo de aquí a 2016 es tener peinada toda la provincia, donde el Catastro tiene contabilizados 1,43 millones de inmuebles urbanos, poniendo especial foco en las grandes urbanizaciones de las zonas costeras y en los diseminados del interior en los que esté muy prsente la autoconstrucción.