Un empresario del ‘caso Edu’ afirma que intentó devolver el dinero, pero la Junta no se lo pidió

El último atestado del caso, al que ha tenido acceso SUR, fue remitido el martes de la semana pasada al titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Málaga, encargado de la investigación. El documento, de apenas siete páginas, pone negro sobre blanco las supuestas irregularidades en las que habrían incurrido varios responsables de la Administración cuya misión era precisamente velar por el buen uso de las ayudas y evitar el fraude en la formación.

La afirmación más llamativa que recoge el informe corresponde a uno de los detenidos en la primera fase de la operación, que se saldó con 42 arrestos. El responsable de la empresa Actuaciones Informativas 2000 S. L. declaró ante la policía que intentó devolver el dinero de la subvención, pero nadie de la Junta le pidió que lo hiciera.

Un anticipo de la ayuda

El empresario, detenido en Málaga el pasado 15 de julio, explicó a los agentes que recibió un anticipo de la subvención de 47.000 euros el total era de 63.341,25 euros en el año 2010 para impartir un curso de viverista. Según reconoció a los policías, el ciclo formativo no llegó a realizarse, por lo que en 2013 informó de ello al Gobierno autonómico y solicitó el procedimiento para devolver esa suma.

Acto seguido, el responsable de la entidad Actuaciones Informativas 2000 aportó a los investigadores la copia de la instancia en la que notifica a la Junta que el curso no se realizó y pide la apertura del procedimiento. «A día de hoy aún no lo he devuelto ni nadie me lo ha solicitado», sentenció el empresario en su declaración.

En su informe, la policía dice literalmente: «Es por tanto la jefa de servicio conocedora de la manifiesta irregularidad y pese a ella no emprende acción alguna por parte de la administración». Los agentes de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) subrayan el nombre de otro ex jefe de servicio que, según las pesquisas, «figura en las compulsas de toda la documentación» de esta subvención.

Ese mismo cargo de la Junta, con responsabilidad en la Delegación de Empleo y conocido militante socialista en la capital malagueña, es señalado por los policías en varios de los expedientes analizados. Uno de los detenidos aseguró a los agentes que este ex jefe de servicio «daba los cursos a la gente afín» y que esto «era sabido por todo el mundo».

El atestado policial, que se apoya en las confesiones de los arrestados, destaca las posibles connivencias de otros dos cargos de la Junta con algunos de los empresarios arrestados. Los agentes recogen el testimonio de la dueña de una academia de peluquería que tuvo un rifirrafe con la Administración porque no le concedieron una ayuda para un ciclo formativo que había solicitado.

Según manifestó a la policía, una jefa de servicio del Gobierno autonómico la llamó a su teléfono particular y le dijo que «para compensar el error le iban a conceder dos cursos en lugar de uno», lo que ilustra la «absoluta falta de control y seguimiento» tanto en la «determinación y selección de los beneficiarios como sobre las subvenciones concedidas durante su desarrollo», dice el informe de la UDEF.

Otro de los testimonios que más llamó la atención de los investigadores corresponde al presidente de la Asociación Axarquía de Formación y Empleo, una de las entidades beneficiarias de las ayudas bajo sospecha. El empresario, vinculado a la antigua Consejería de Educación y Ciencia en Jaén, y actualmente al PSOE de Vélez-Málaga, reconoció abiertamente a los policías que miembros del partido y citó a un exalto cargo le dijeron que los cursos subvencionados «eran para ganar mucho dinero».

Sin supervisión ni control

Los agentes de la UDEF acusan a técnicos del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de supuestas irregularidades en el seguimiento de los cursos, ya que varios de los empresarios detenidos reconocieron que nunca recibieron visita de inspección por su parte. El informe, que nombra a dos de los funcionarios, critica que en los expedientes analizados no existen «los documentos que deberían haber aportado las empresas, ni aquellos que deberían haber emitido los técnicos en virtud de sus actuaciones de supervisión y control».

Los investigadores concluyen que, aunque no se ha podido encontrar una «prueba directa de la connivencia, al tratarse de hechos acaecidos entre 2010 y 2012, sí existen una serie de indicios que hacen pensar que pudiera haber existido». Ahora será el juez instructor el que, con el último informe en la mano, que pone en la diana a miembros de la Junta, indique el siguiente paso a seguir en la operación Edu.