Detienen a un abogado en Málaga en una operación por blanqueo contra exmiembros del IRA

La policía ha desmantelado una organización que se habría dedicado a blanquear dinero procedente del contrabando de alcohol y tabaco. La trama, liderada supuestamente por exmiembros del Irish Republican Army (IRA), tiene ramificaciones en Málaga, donde se ha detenido a dos personas, entre ellas un abogado con despacho en una localidad de la Costa del Sol oriental, según ha podido confirmar SUR.

La operación, desarrollada en colaboración con las autoridades de Reino Unido, se ha saldado con otros cinco arrestos en Las Palmas, Alicante y Murcia. Los investigadores también han llevado a cabo 11 registros en los domicilios de los detenidos así como en centros logísticos de la organización, según informó ayer la Dirección General de la Policía mediante un comunicado.

El supuesto cabecilla de la red sería Leonard Hardy, detenido en Lanzarote junto a su pareja, Dora Maguire, ambos exmiembros del IRA. Hardy, a quien se atribuye su participación en varios atentados terroristas, fue enviado a prisión eludible con una fianza de 100.000 euros, mientras que su esposa quedó en libertad con comparecencias periódicas en el consulado más cercano a su domicilio, que se encuentra en Irlanda, para que pueda cuidar de sus cuatro hijos menores de edad.

La Policía Nacional cree que la trama habría llegado a blanquear hasta 10,5 millones de euros procedentes del contrabando de tabaco y alcohol. El principal método para lavar el dinero negro consistiría en la adquisición de propiedades inmobiliarias en distintas provincias de la Costa mediterránea, según informó ayer el Ministerio del Interior.

Empresas instrumentales

La red también se serviría de un entramado de empresas instrumentales para, supuestamente, camuflar sus inversiones. Lo hacían con la colaboración de una serie de personas con distintas responsabilidades dentro de la organización. A los arrestados se les imputan indiciariamente los supuestos delitos de contrabando, blanqueo de capitales y financiación de organización terrorista.

Tras tomar declaración a los detenidos el 31 de diciembre, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que dirige la investigación, adoptó varias medidas cautelares, entre las que se encuentra la prohibición de disponer de 11 inmuebles ubicados en Málaga, Alicante y Murcia, y valorados inicialmente en más de 5,5 millones de euros. También ordenó el bloqueo de más de 90 cuentas bancarias y productos financieros en España, y cursó comisiones rogatorias a Reino Unido para asegurar otros bienes y productos bancarios.