Las prospecciones de gas en la Costa quedan aparcadas hasta 2016

Con un Gobierno central que no tiene la más mínima intención de que se acometan en 2015, año de elecciones municipales y generales, y con Repsol dispuesta a aparcarlas para hacerlas coincidir con otros proyectos previstos en Portugal y así amortizar el despliegue logístico, las prospecciones de gas en la Costa del Sol no se realizarán antes de 2016. Aunque ni unos ni otros lo confirman oficialmente, tanto en el Ministerio de Industria como en la multinacional dan por hecho que los sondeos exploratorios en busca de gas metano frente a las costas de Mijas y Fuengirola tampoco se llevarán a cabo el año que viene, prolongando así un bloqueo en los despachos que se extiende desde que en julio de 2011 obtuvo el visto bueno del Ministerio de Medio Ambiente. Pese a que la autorización definitiva de Industria debía ser un mero trámite administrativo una vez salvado el escollo ambiental, el rechazo de ayuntamientos, partidos políticos, empresarios, pescadores y ecologistas de la provincia ha propiciado su paralización.

Dado que las catas solo pueden realizarse entre febrero y abril para evitar su impacto en el turismo, la veda de la flota pesquera y la reproducción y paso de aves y cetáceos, la única ventana posible antes de que los permisos de investigación concedidos a Repsol expiren en agosto de 2015 es la próxima primavera. Sin embargo, en la compañía ya reconocen que, incluso en el hipotético caso de que la autorización llegara hoy mismo sería muy difícil tenerlo todo a punto, fundamentalmente por la escasa disponibilidad de plataformas exploratorias (apenas hay una decena en el mercado y están muy demandadas). Por ello, la compañía ya tiene en mente solicitar una nueva prórroga de los permisos, que en principio sería por otros dos años.

A las dificultades logísticas para organizar el dispositivo se suma otra circunstancia, y es que después de una década de trámites y tres años de parálisis sin justificación técnica, el proyecto Siroco ha dejado de ser una prioridad para la multinacional, que ahora tiene sus miras en los recursos petrolíferos de Canarias. De hecho, solo contemplan la perforación del fondo marino frente al litoral malagueño si esos trabajos se pueden encadenar con otros sondeos previstos en la zona, como los dos que está a la espera de cerrar en El Algarve (sur de Portugal) e incluso el que se está tramitando en el Golfo de Vizcaya. La explicación es que, para Repsol, las prospecciones en la Costa del Sol son una actuación tan sencilla que no justifica por sí sola la contratación de la plataforma sumergible. No en vano, el alquiler de esta infraestructura y su personal ronda el medio millón de dólares al día (unos 370.000 euros al cambio). De esta forma, solo en la costa malagueña, donde los sondeos durarían 29 días ampliables a 41 si se hallara gas para realizar pruebas de producción, la inversión podría superar los 15 millones de euros. Un coste al que habría que sumarle el de las jornadas necesarias para desplazar la plataforma desde el lugar donde se encuentre (suele haber una en el entorno del Mediterráneo) hasta el punto exacto donde está prevista la perforación del subsuelo marino, en la zona de Punta de Calaburras (a 9 kilómetros al sur de Mijas y a 12 kilómetros al suroeste de Fuengirola).

No es una actuación urgente, pero sí que sigue interesando, y mucho. Primero, porque en la última década ya lleva gastados 19 millones de euros en estudios previos (el sondeo rondaría los 41), y segundo, porque los resultados del análisis geológico apuntan a la existencia de un yacimiento situado a unos 1.600 metros de profundidad que podría albergar unos cinco mil millones de metros cúbicos de gas metano, el equivalente al consumo de toda la provincia durante una década y una cantidad similar a la del pozo que la multinacional lleva explotando desde 1997 en el Golfo de Cádiz.

En cualquier caso, de momento solo se trata de explorar el fondo marino en busca de hidrocarburos, pero no de su extracción. Para poder explotar el posible yacimiento, que se haría mediante una cabeza submarina que a través de canalizaciones sumergidas trasladarían el gas hasta una planta en tierra firme, habría que iniciar un nuevo y complejo proceso administrativo, incluida una nueva declaración de impacto ambiental.