El nuevo grupo municipal Vox salía a la palestra en la comisión de Medio Ambiente con una moción urgente para frenar, retrotraer decía la iniciativa, la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en el Centro de Málaga. Un iniciativa urgente a una comisión, tan poco común, ... que incluso la presidenta, la edil de Fiestas y Servicios Operativos, Teresa Porras, tuvo que preguntar si era factible. Lo era, pero los grupos debían votar la urgencia antes de debatirla. Ni que decir tiene que Vox no había presentado otras mociones en tiempo y forma así que de no haberse aceptado la urgencia, se hubiera quedado sin nada que aportar. Cuando los partidos votaron a favor de su debate por unanimidad al portavoz de la formación de derechas Antonio Alcázar se le dibujó una suave sonrisa en la cara. No acabó tan bien la aventura, contemos por qué.
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Vox intentaba ayer romper los consensos que ha habido tradicionalmente en el Ayuntamiento de Málaga acerca del cambio climático y la urgencia climática, iniciativa ésta última que se aprobó por unanimidad en el mandato pasado, en el que Vox no tenía representación. Por eso, en la comisión de Medio Ambiente, ya llamaba de por sí la atención la iniciativa, que además rozaba el larguero en cuanto al cumplimiento de las leyes europeas y españolas para la lucha contra el cambio climático.
Pese a todo, Alcázar, aunque no estaba en la tónica general del resto de los grupos, sí que decía alguna verdad que vamos a exponer porque en la vida hay grises. Se mostraba en contra de la zona de bajas emisiones, que debe implementarse en los próximos meses, porque decía que penalizaba la libertad de movimiento de las personas. En este punto, el viceportavoz de Con Málaga (Podemos e IU), Nicolás Sguiglia, subrayó que la combustión de los coches perjudica a la salud de los habitantes, y que es una obviedad que la zona de bajas emisiones mejora la calidad del aire, y que oponerse a esta medida era ir en contra del consenso científico mundial.
Pero, entre sus argumentos, Alcázar sí dijo una obviedad: los beneficiados de la nueva zona de bajas emisiones a (ZBE) a la larga serán las personas y familias más pudientes que podrán cambiarse de coche, que en definitiva podrán comprar los coches eléctricos o híbridos, cuyos automóviles familiares rara vez bajan de los 30.000 euros. Para ser ecológico, si no se quiere usar el transporte público, o se tiene la mala suerte de vivir en lugares a los que no llega o pasa el autobús cada 45 minutos, hay que tener cierto respaldo económico o endeudarse hasta las cejas.
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Bien es cierto que el plan que va poner en marcha el Ayuntamiento de Málaga, en principio, es bastante expansivo, ya que la nueva ordenanza de movilidad sostenible, que la concejala de Medio Ambiente, Penélope Gómez, dijo que se redactaría con amplia participación ciudadana, priorizará que pasen por el Centro ( los vehículos que tengan cualquier tipo de etiqueta medioambiental de la DGT, y aquellos que no tengan etiqueta, pero que sí posean una antigüedad menor de 20 años (diésel) y 27 (gasolina) y estén domiciliados en la ciudad. Es decir, el segundo apartado no es muy restrictivo.
Alcázar explicaba que la medida era discriminatoria porque beneficiaba a los ricos y perjudicaba a los pobres, así sin ambages, sin los eufemismos que suelen usarse en estas sesiones del tipo 'familia con pocos recursos'. En esta ocasión, Sguiglia, al que se le veía especialmente concernido, explicaba, como no podía ser menos, que es cierto que hacen faltan todavía muchas ayudas de las administraciones para que las familias puedan hacer frente al reemplazo de sus coches de combustión por los híbridos o gasolina. Podría haber mencionado que China sí que ha hecho el esfuerzo y que los coches eléctricos son un 30% más baratos que los que se venden en la Vieja Europa. Así sí se puede.
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Afirmaba Alcázar que había un potencial perjuicio a la ciudadanía y que habría una cascada de procesos judiciales porque se conculcaba el derecho de moverse libremente por los ciudadanos. La concejala de Medio Ambiente, que hizo todo un speech de por qué debe ponerse en marcha la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en cuanto a la normativa tanto europea como española, explicó que el reglamento para ponerlas en marcha en las ciudades de más de 50.000 habitantes entró en vigor en enero de 2023, y que otorga a los municipios competencias en la restricción de vehículos contaminantes por motivos medioambientales con el objetivo de llegar a la contaminación cero para 2050 en la UE. Subrayó que no es sólo un tema ambiental para luchar contra el cambio climático sino también un asunto de salud pública, y que hoy por hoy había que cumplir la ley en Málaga y que sólo quedaba el recurso de inconstitucionalidad, «que no sé si habrá presentado su partido», le dijo a Alcázar. Para terminar, indicó que se está siguiendo todo el proceso, pero que falta para hacerlo efectivo la ordenanza de movilidad sostenible.
El edil socialista Jorge Quero, afirmó, displicente, que no se sentía cómodo con Vox en la bancada de la izquierda, y argumentó que compartiendo gobierno con el PP debía estar en la de la derecha. Se referiría a otros puntos de España, porque en Málaga, el equipo de gobierno popular tiene mayoría absoluta. Criticó la involución de la ultraderecha de Vox, y que no quisieran avanzar contra el cambio climático o que promovieran incumplir la legislación europea. Finalmente, tocó votar la iniciativa urgente, en la que Vox se quedó en la más absoluta soledad: un voto a favor frente a 11 en contra. No ha lugar.
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