Desde que hace unas semanas se conociera el despido del director financiero de la empresa municipal de Promálaga por un presunto caso de cobro de mordidas del 10% con las empresas con las que firmaban contratos, al desarrollo judicial de la causa se ha unido ... la vertiente política. Y previsiblemente será esta semana cuando más se hable de este asunto que mantiene divididos a los grupos con representación municipal en dos grandes facciones: de un lado, el PP y Cs defendiendo que el ámbito de investigación tiene que ser en estos momentos el judicial y que además el caso se reduce a una mala praxis de una persona física; y de otro los grupos de la oposición (PSOE y Adelante Málaga), que reclaman desde que se conoció la noticia que además de las responsabilidades judiciales se depuren las políticas, en este caso vía comisión de investigación. Es decir, quieren las explicaciones no sólo del gerente de Promálaga, Francisco Salas, sino del presidente del consejo de administración, el alcalde Francisco de la Torre, «porque este asunto huele realmente mal».
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Así de contundente se ha mostrado esta mañana durante la comisión de Economía el concejal socialista, Mariano Ruiz, quien se ha referido al caso como el 'caso del 10%' y ha insistido en la necesidad de que haya «transparencia» y que los grupos de la oposición reciban toda la información que han solicitado sobre Promálaga. En este sentido, Ruiz ha criticado que «suena a tomadura de pelo» la comparecencia, el próximo jueves 31 en el pleno ordinario, del propio Salas, a petición del equipo de gobierno pero en un formato donde no se aceptarán preguntas de la oposición.
No obstante, el gerente de Promálaga ya avanzará las líneas de su intervención en una comparecencia ante los medios que se ha convocado esta mañana a primera hora (la cita es a las once y media) y donde previsiblemente se ofrecerán explicaciones sobre el asunto.
Más allá de esta intervención, el salón de plenos se convertía de buena mañana en un escenario donde el tono ha subido por momentos y donde además se ha escenificado, vía votación, esa distancia absoluta entre las posturas de unos y otros; con PP y Cs sumando su fuerza para decir 'no' a una comisión de investigación y los grupos de la opocisición sugiriendo que la «sombra de la corrupción se ha instalado en la casa de todos». Así lo ha destacado en su intervención el edil de Adelante Málaga, Nico Sguiglia, quien ha reprochado al equipo de gobierno su responsabilidad en el caso de Promálaga «bien por complicidad o bien por negligencia». También se ha dirigido a la edil de Ciudadanos y socia del PP, Noelia Losada, reprochándole «no querer transparencia» por considerar ésta que «una vez que esté depurada la responsabilidad judicial ya veremos las que se derivan del ámbito político». En este sentido, Losada ha recordado su condición de abogada para aclarar que «cuando un juzgado de lo penal lleva dos años de investigación todas las pruebas realizadas superan con creces las que podemos hacer nosotros». Y se ha mostrado visiblemente molesta con el edil de Adelante Málaga ante la acusación de «compolicidad». «A mí lecciones de esas, ninguna; yo fui gratuitamente a declarar por los ERE a Sevilla pagándome el desplazamiento de mi bolsillo», le contestaba cuando el concejal de izquierdas le reprochaba que «Cs no esperó a las conclusiones judiciales en casos conocidos como el de los ERE o el de Cristina Cifuentes».
De parte del equipo de gobierno tomaba la palabra la popular María Rosa Sánchez, de cuya cartera depende Promálaga, para defender, en la misma línea que Losada, la separación de los ámbitos judicial y político. Y ha añadido: «Que conste en acta: no estamos ante un caso de corrupción, como tampoco lo es Villas del Arenal. Este caso no se conoció por los medios de comunicación, sino por un consejo de administración el pasado 30 de septiembre; y casualmente fue al día siguiente cuando saltó a los medios a pesar de que se pidió una reserva absoluta». Además, Sánchez ha recordado que los hechos se pusieron en conocimiento de la justicia a instancias del vicepresidente de Promálaga y del gerente de la empresa y no por el empresario que denunció una de las presuntas mordidas; y que la única información que no se ha dado a los grupos ha sido la identidad de este empresario «por una cuestión de protección de datos».«Este caso abierto no es sobre Promálaga, sino por personas físicas», ha zanjado la edil haciendo una referencia idirecta al exidirectivo implicado y a su esposa, procuradora de profesión también investigada en la causa.
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