Venden dos edificios de 'asustaviejas' y okupas en el Centro de Málaga: estos son sus futuros usos

Según ha podido conocer SUR, la nueva propietaria de estas construcciones es la empresa inmobiliaria Ilitur Homes, que tiene en marcha varios proyectos residenciales en el corazón de la ciudad, en concreto en la calle Santa María y en la zona de Lagunillas. Fuentes consultadas han apuntado que la intención de esta sociedad es rehabilitar y reformar los dos edificios del conocido como Llano Mariscal para habilitar en torno a medio centenar de viviendas. No obstante, en los últimos días, sin que apenas haya trascendido la noticia de su adquisición, ya han recibido propuestas de inversores interesados en comprarlos o llegar a un acuerdo para desarrollar un hotel.

Con todo, por el momento mantienen la intención de desarrollar un proyecto residencial que haga que vuelvan a estar habitados los números 3 y 5 de la calle Mariscal, unas construcciones fechadas entre 1910 y 1925 y que cuentan con protección arquitectónica de grado 1, al estar concebidas con el estilo «decimonónico burgués malagueño», según se apunta en su ficha del catálogo de construcciones protegidas del Centro de Málaga.

Esa protección, que condicionará su futura rehabilitación y puesta en valor, no ha evitado que estos edificios hayan protagonizado en los últimos años varias situaciones complejas que no han frenado su progresivo deterioro. Sobre su propietario pesó hace más de 15 años la sombra del acoso inmobiliario, conocido popularmente como 'asustaviejas'. Los últimos inquilinos denunciaron en reiteradas ocasiones el deterioro deliberado del edificio como medida de presión para que abandonaran sus casas, hasta el punto de que en el año 2008 las acusaciones fueron trasladadas y admitidas a trámite por la Fiscalía de manos del entonces defensor del ciudadano de Málaga, Francisco Gutiérrez. No obstante, el propietario argumentó que no podía llevar a cabo reparaciones en los inmuebles «porque están llenos de okupas y la justicia no los desaloja», según declaró a SUR aquel año.

En ese momento, el Ayuntamiento de Málaga tomó cartas en el asunto y obligó a la venta forzosa de los números 3 y 5 por 2,4 millones de euros «para salvaguardar los derechos de los inquilinos», según admitió el entonces edil de Urbanismo Manuel Díaz. La operación quedó desierta. No así los edificios, cuyas viviendas siguieron convertidas en refugio de okupas hasta que en el año 2010 la policía ejecutó la orden de desalojo de la treintena de personas que allí malvivían. Desde entonces, el abandono ha marcado este enclave de la ciudad que ahora, al cambiar de manos, encara un nuevo futuro.