Una veintena de proyectos urbanísticos de Málaga se atascan en los trámites ambientales de la Junta de Andalucía

El Gobierno andaluz dictaminó hace varios años que debían pasar por el trámite de evaluación ambiental buena parte de los proyectos urbanísticos de aquellos municipios cuyos planes generales no hubieran sido sometidos a ese procedimiento, y ese es el caso de Málaga capital. De ahí que una veintena de actuaciones se encuentren actualmente frenadas por ese filtro ambiental obligatorio para el que la Junta no ha adoptado aún medidas para aliviarlo.

Así lo admitió el delegado provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible, Fernando Fernández, en una jornada convocada el pasado lunes por la Asociación de Polígonos de Málaga, en la que llegó a calificar de «embudo» el trámite ambiental que los ayuntamientos y los inversores deben cursar ante su departamento. «Hay un retraso importante», afirmó.

Sus palabras son corroboradas por los plazos de algunos de los expedientes que han podido superar este examen ambiental. Sirven como ejemplos el caso de un mero cambio de calificación urbanística de una calle sin salida para realizar la nueva sede de la comunidad de propietarios y la asociación de vecinos de El Candado, que ha tardado dos años en superar la evaluación ambiental; y el plan para los terrenos del seminario diocesano, junto al que el Obispado prevé construir un nuevo centro escolar, que ha esperado durante más de un año una luz verde ambiental de la Junta que, en teoría, debería haber obtenido en unos tres o cuatro meses, al regirse por un procedimiento simplificado.

Ese camino en teoría más corto es el elegido por la administración regional para la mayoría de los proyectos para la capital que se encuentran pendientes de evaluación ambiental. Sin embargo, algunos entraron en la delegación de Desarrollo Sostenible hace un año y todavía no lo han podido superar. Es el caso de una urbanización de 430 viviendas al oeste de Colinas del Limonar y de una nueva zona comercial junto a Leroy Merlin.

Según los cálculos realizados por este periódico, actualmente están frenados por el trámite ambiental exigido por la Junta proyectos que suman unas tres mil viviendas para Málaga, entre ellas las 1.420 previstas en los suelos que acogieron la fábrica de Amoniaco, junto a Intelhorce; medio millar planeadas junto a la sierra de Churriana; quinientas al oeste de la fábrica de cemento; y unas 160 en la parcela que aún ocupan las antiguas cocheras de Portillo, donde también está previsto un hotel de 15 plantas.

Igualmente, engrosan la lista de inversiones pendientes del examen ambiental autonómico la segunda ampliación del Parque Tecnológico, la construcción de un centro comercial en Martiricos, el desarrollo de suelos para oficinas al sur de la barriada de San Julián y varios expedientes de gasolineras, entre ellos uno para suprimir la que estaba prevista en una esquina de los suelos de Repsol.

El delegado de la Consejería de Desarrollo Sostenible apuntó que podrían agilizarse estos trámites ambientales mediante la aprobación de instrucciones normativas con medidas para darles mayor rapidez. No obstante, para el abogado experto en derecho urbanístico Manuel Jiménez, de Ius Urbis, estas demoras se evitarían con una dotación de personal y de medios a la administración andaluza. «Los expedientes se siguen acumulando en los despachos de los funcionarios, que cada vez tienen más presión y están más saturados, de ahí que muchos pidan el cambio de departamento», comentó este letrado, quien criticó que algunos de los informes internos que recaba la Junta durante un proceso de evaluación ambiental tienen que elaborarse en los servicios centrales de las respectivas consejerías en Sevilla, lo que contribuye a alargar los procedimientos.