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Ya es una de las noticias del año: Ana Obregón se ha convertido en madre de una niña por vientre de alquiler. La actriz ... y presentadora, de 68 años, ha tomado esta decisión tres años después de la muerte de su hijo Álex por un cáncer. Las imágenes de Obregón saliendo de una clínica en Miami, con la pequeña en brazos y en silla de ruedas, tardaron apenas unos minutos en hacerse virales y han reabierto el debate sobre esta práctica, también conocida como gestación subrogada y consistente en pagar a una mujer para que geste y tenga a un bebé que luego será criado por otras personas. En España no está permitida, una prohibición que decenas de familias se saltan cada año acudiendo a países donde está regulada y regresando con el menor para luego iniciar un proceso de filiación o adopción. En Málaga, según los abogados consultados, se inscriben cerca de una veintena de bebés nacidos por vientres de alquiler al año.
El caso de Obregón resulta excepcional por varios motivos, como su avanzada edad para ser madre de un bebé, el país donde ha contratado el vientre de alquiler, su condición de mujer soltera y el trauma por la reciente pérdida de un hijo. Jesús Odériz, fundador del despacho de abogados Odériz Echevarría, especialista en asuntos de familia, explica que «lo habitual en España es que la gestación subrogada se practique en países más cercanos como Grecia, Ucrania y Georgia, donde es más barato que en Estados Unidos, y por parte de parejas donde al menos uno de ellos aporta carga genética». Esto último facilita las cosas, como detalla Miguel González, abogado especialista en el tema: «El hombre suele hacer una aportación seminal y por tanto es padre biológico de ese bebé».
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El proceso de filiación incluye una prueba de ADN para comprobar la consanguinidad. Más tarde, la madre, o el otro padre en caso de que sea una pareja gay, tramita la adopción, aunque algunos de estos países, aún retrasados en materia de derechos y libertades sexuales, restringen la práctica a parejas heterosexuales. El Gobierno, en 2019, dejó sin efectos el registro de niños concebidos por vientres de alquiler y anunció que perseguiría a las agencias que ofrecen este servicio. Entonces, ¿cómo es posible que 162 bebés nacidos por gestación subrogada, de los que casi una veintena vive en Málaga, fueran inscritos en los consulados españoles en 2022? A través de procedimientos y sentencias de filiación, que algunos países como Ucrania emiten bajo requerimientos como la demostración de que el padre aporta carga genética y otros como Estados Unidos, donde todo es más fácil pero también más caro, expiden de forma mucho más laxa.
González sostiene que en su despacho no aceptan peticiones de personas con más de sesenta años «por el bien del futuro hijo y por las complicaciones que pueden producirse». ¿Y cómo se explica la imagen bizarra de Obregón saliendo en silla de ruedas de la clínica, como si hubiera parido? «Parece bizarra porque se desconoce que muchos hospitales en Estados Unidos obligan a las madres a salir así con sus hijos para garantizar que abandonan sus instalaciones en perfecto estado y evitar posibles demandas por caídas o accidentes», responde. Sobre el precio de este proceso, el abogado malagueño incide en que varía en función del país donde se practica, oscilando entre los 50.000 euros que puede costar en Ucrania y Georgia, por ejemplo, y los más de 200.000 dólares que habría que desembolsar en Estados Unidos, cantidades a las que hay que sumar los gastos de viaje y alojamiento.
Odériz se muestra más tajante: «El caso de Ana Obregón es una vuelta de tuerca. Nunca hubiera superado un procedimiento de adopción por su edad, de modo que habría que estudiar si ha podido incurrir en un fraude de ley. Se ha pasado de frenada». Desde el Gobierno recuerdan que, desde la entrada en vigor de la ley del aborto en marzo de este mismo año, la gestación subrogada está declarada como una forma de violencia contra las mujeres. También la ley sobre técnicas de reproducción asistida declara «nulo de pleno derecho» el contrato por el que se acuerde este tipo de gestación «con o sin precio».
Angélica Cuenca, psicóloga especialista en violencias sexuales, insiste en que no deja de ser una compra de bebés: «Los deseos no son derechos. Parece increíble que a estas alturas una persona con dinero pueda hacer pasar a una mujer pobre por un embarazo sólo para cubrir necesidades que no tienen nada que ver con derechos. No se trata de donar pelo». Andrea Barbotta, vicepresidenta de la Plataforma Violencia Cero, coincide en que «ninguna mujer con recursos económicos se presta a alquilar su vientre, con el riesgo que un embarazo y un parto conllevan». La activista añade que «en muchos países hay incluso hasta granjas de mujeres embarazadas y catálogos de bebés».
La ministra de Igualdad, Irene Montero, recordó ayer que la nueva ley de derechos sexuales y derechos reproductivos reconoce la gestación subrogada como una forma de violencia contra las mujeres: «Nunca olvidemos a las mujeres que están detrás, porque hay un claro sesgo de discriminación por pobreza». Igualdad ya intentó incluir en la ley de libertad sexual (conocida como 'solo sí es sí') que se persiguieran los contratos sobre la gestación subrogada en terceros países, pero no hubo acuerdo debido a las complicaciones por la importancia que supone para el Estado garantizar los derechos del niño y no ponerlos en riesgo.
En una sentencia del año pasado que sentó jurisprudencia, el Tribunal Supremo dictaminó que la gestación por sustitución vulnera los derechos de las madres gestantes, sometidas a una «explotación inaceptable», y también de los menores. Los magistrados rechazaron que una mujer pudiera inscribir directamente en el Registro Civil como hijo a un niño del que no era la madre biológica, aunque permitió que adoptara al pequeño, matizando que lo hacían para proteger «el interés superior del menor», que ya se había visto «dañado» por el contrato de gestación subrogada, que «cosifica» tanto al niño como a la madre biológica: «Ambos son tratados como meros objetos, no como personas dotadas de la dignidad propia de su condición de seres humanos y de los derechos fundamentales inherentes a esa dignidad». La sentencia recordaba que la contratación de un vientre de alquiler no es solo contraria a la legislación española, sino también a compromisos internacionales firmados por España como la Convención sobre los derechos del Niño o a la Convención de la ONU sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.
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