Las casas de la playa de El Palo, diez años esperando los papeles

La ley de 2013 sacó 13 núcleos costeros de España de la Ley de Costas, y los declaró como barrios excluidos del dominio público marítimo-terrestre. Fue una gran victoria del movimiento vecinal, amparado por unos políticos que fueron receptivos ante esta reivindicación histórica. Pero la realidad es que, diez años después, los afectados siguen esperando a tener en sus manos las escrituras de sus viviendas.

Parte de la normativa fue impugnada ante el Tribunal Constitucional (TC), que admitió que esa zona ya no tenía características naturales, no era una playa ni la alcanza el mar, según recuerdan fuentes de la Dirección General de Costas. Pero la ley también dice que hay otro elemento sustancial, que es declarar ese suelo «innecesario» para el dominio público. Por tanto, la institución dependiente del Gobierno central tiene todavía pendiente un deslinde para declarar esas zonas como «innecesarias», para que después se puedan desafectar.

La realidad es que ese último trámite todavía no se ha hecho, a pesar de que hay una obligación impuesta por el TC. Además, una vez que se acometa este paso, las propiedades se tendrán que someter a lo que se conoce como un «negocio de transmisión», con lo que la pelota pasará a Patrimonio, para acordar los términos de la transferencia del suelo del Estado a sus legítimos titulares.

Una década después, estos trámites siguen bloqueados, y eso motiva las quejas de los vecinos, máxime cuando en otros puntos de la Costa sí se ha hecho, y se sienten agraviados. Manuel Benavides es el presidente de la asociación de vecinos Rebalaje, que lleva 17 años al frente de las reivindicaciones en esta parte del barrio.

«La Ley de Costas nos dejó dentro del dominio público; pensaban que nos íbamos a ir pero no lo consiguieron», afirma. El TC les dio la razón en 2017, y se deslindó una parte de Pedregalejo... Y después de muchos años a la espera de su turno, han visto como la situación se ha resuelto en La Araña y a ellos les saltan. «Llevamos seis años esperando desde entonces a que hagan el deslinde, y ahora nos encontramos que se ha hecho allí y aquí no... Nos miden con una vara diferente».

«¿Por qué nosotros no, si todos tenemos el mismo problema?», se lamenta el líder vecinal, que asegura que han pedido citas a la Subdelegación del Gobierno y al Ayuntamiento, para que medie. «Hay mucha indignación en el barrio porque siempre nos dejan fuera; se arregla en todos los sitios menos en El Palo».

A efectos prácticos, el problema es que las más de 570 casas que están en esta situación no tienen escrituras como cualquier otra vivienda, con lo que ello implica a efectos de financiación, obras, etc. «Si quieres hacer una reforma en la casa tienes que pedir primero permiso a Costas, luego a la Junta y por último la licencia municipal... Yo tardé tres años, y con muchas limitaciones», asegura Luis González Caparrós, miembro del colectivo vecinal Rebalaje.

En todas las conversaciones con los afectados surge una idea común: casi todos los propietarios son personas mayores y todo su afán es ver resuelta la situación de sus casas para sus herederos, y muchos se han ido ya con la pena de no tener la plena propiedad de sus hogares. «Es que no podemos ni siquiera pedir una hipoteca».

Son casos como el de Isabel Azuaga, que reivindica sus raíces paleñas desde la cuna. «Yo he nacido aquí; mis abuelos maternos venían de Garrucha (Almería) a pescar en la temporada de la sardina, y después de la guerra se quedaron». Para ella, lo peor es la incertidumbre de no tener papeles. «No te dan un permiso de obras, hay casas muy viejas y no te dejan tirarla, sólo se permite hacer reformas menores». Su único objetivo es legalizar sus casas y vivir con tranquilidad. «Se nos han ido ya muchos mayores dentro de esta lucha y seguimos como al principio».

«Lo paradójico es que hay zonas que nunca han tenido deslinde y sus vecinos sí tenían la propiedad, mientras que el de al lado todavía no la tiene, cuando no hay nada que diferencie a una casa de la otra; es sólo cuestión de voluntad política», añade González Caparrós, que ha heredado una de estas viviendas.

Rafael Caparrós, presidente de la asociación de vecinos Zona Popular de El Palo, se remonta dos décadas atrás y recuerda los intentos de gobiernos anteriores por tirar las casas, que se toparon con una fuerte oposición vecinal; hasta que en 2013 se logró cambiar la normativa. «Es inadmisible que se haya legalizado la zona de Pedregalejo y El Palo siga estando así, cuando nosotros fuimos los impulsores del cambio de la ley a nivel nacional, lo que permitió legalizar 13.000 viviendas», denuncia. En este periplo, asegura que la única política que se ha preocupado por su problema fue Carolina España, cuando todavía era diputada (ahora es consejera de Economía).

«No se pueden meter a los dos barrios en el mismo saco», aclaran desde Costas. «Se debe acometer ya el procedimiento de desafectación, pero de base no estamos en el mismo caso, en La Araña y en El Palo, aunque haya algunos elementos que hacen lógico que los vecinos pidan el mismo tratamiento».

En El Palo, los deslindes datan de los años 50 y 60. Como anécdota, en algún tramo fue aprobado en septiembre de 1936, lo que significa que en plena Guerra Civil española había un tenaz funcionario de Costas trazando líneas sobre un plazo.

Pero esta no es la misma situación que en La Araña, que se ha podido solucionar porque el problema era menor: la mayoría de las casas ya estaban fuera del dominio público, por lo que, ni se encontraban afectadas antes, ni por supuesto lo están ahora. En esta barriada, sólo una minoría están dentro del dominio, mientras que el núcleo principal está salvado.