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Francisco Griñán
Domingo, 7 de mayo 2023, 11:50
La pasada madrugada del jueves al viernes volvieron a escucharse tiros en el distrito Palma-Palmilla. Esta vez, el escenario fue el bulevar Mari Ángeles Arroyo. No hubo heridos, pero los impactos dejaron daños materiales. Y algo más: el miedo continuo en unos vecinos que se sienten desprotegidos ante los repetidos tiroteos en sus calles y el peligro para las familias. El pasado enero se produjeron varios episodios con armas de fuego, lo que provocó la denuncia de los colectivos vecinales a las autoridades a las que pidieron poner fin a la impunidad de los delincuentes y que se tomaran medidas «contundentes» para que la normalidad «sea la misma que en el resto de la ciudad». Tras el último caso, lanzan de nuevo un grito de ayuda y estallan contra las autoridades tras llevar «meses esperando una respuesta por parte de la Subdelegación del Gobierno a las peticiones de información e intervención sobre las armas de fuego en el barrio».
En un comunicado, el Plan Comunitario Palma Palmilla Proyecto Hogar eleva el tono de su protesta y apunta directamente a los responsables de la seguridad ciudadana en la capital. «Si se vuelve a producir otro incidente similar, con o sin heridos, el vecindario pedirá al Gobierno cambios en la estructura de mando de la Policía Nacional en Málaga, así como en la Subdelegación del Gobierno», aseguran los miembros de este colectivo vecinal, que consideran «una falta de respeto hacia la gente que vive aquí que no se dialogue ni se den explicaciones y que tampoco haya una actuación efectiva para erradicar las armas de fuego, como se pidió en enero».
Proyecto Hogar apunta directamente a la jerarquía policial y a las propias instituciones de la ciudad, a la vez que deja claro su apoyo al «trabajo cotidiano de los agentes de la Policía Nacional, especialmente los de la Comisaría de Palma Palmilla». «No queremos que esto se entienda como una falta de confianza hacia los hombres y mujeres que patrullan o investigan», insiste el colectivo vecinal, que pide a los mandos de seguridad ciudadana que mejoren la gestión y el control del barrio «ordenando los recursos de manera eficaz» y «reclamando» nuevos efectivos «si fuera necesario». De no producirse una respuesta adecuada, advierten que «ejerceremos todos nuestros derechos para que sean sustituidos por otras personas con valor y capacidad suficiente como para estar a la altura de nuestro barrio y de la Constitución que se comprometieron a defender».
En 2020, Mateo Vallecillos, un vecino jubilado de 74 años, se asomó a la calle cuando una bala perdida disparada con un Kalashnikov impactó en su cuerpo y lo mató. Mateo vivia en el décimo, altura a la que llegaron los proyectiles. Desde entonces, el temor de los vecinos en cada nuevo suceso solo hace aumentar y viven «con miedo a acercarse a las ventanas ante el riesgo de sufrir un impacto», aseguran desde Proyecto Hogar, que añade que el suceso de esta semana provocó que los residentes «acabaran tirándose al suelo de sus casas mientras escuchaban detonaciones».
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