Los vecinos de las casas de la playa de El Palo siguen en su lucha: «Hay un pueblo levantado»

«Nos ha recibido Ángel González, el responsable de Costas en Málaga, pero nos ha dicho que, de momento, no hay más novedades desde Madrid», ha señalado el presidente de la asociación de vecinos Rebalaje, Manuel Benavides, quien ha apuntado que, si persiste esta falta de acción por parte de la administración central para resolver el problema, convocarán una manifestación por las calles de El Palo que sirva para hacer ver «que hay un pueblo levantado».

Este periódico publicó en mayo de 2013 la noticia de que los vecinos de las playas de El Palo y Pedregalejo brindaban por conseguir lo que habían venido reclamando tras décadas de lucha: la legalización de las viviendas situadas en el dominio público marítimo-terrestre. La nueva Ley de Costas era el salvavidas que llevaban años esperando, y no dudaron en festejarlo con mucha alegría. Una década después, solo los de Pedregalejo pueden respirar más tranquilos, después de que Costas haya tramitado un nuevo deslinde que regulariza sus viviendas. En El Palo, se mantiene la desesperación por un movimiento del Gobierno central que no llega.

En 2021, desde Costas se explicó a SUR que «la situación del núcleo de El Palo es de una gran complejidad jurídica» heredada de los términos en los que se hizo la reforma de la Ley de Costas en el año 2013 y de posteriores sentencias. Así, «no basta con realizar un deslinde para sacar esas viviendas del dominio público marítimo-terrestre», señalaron. Actualmente, las casas de la playa de El Palo se encuentran dentro de ese dominio porque la línea que lo delimita discurre al norte, por la avenida de Salvador Allende. Lo que piden es que esa frontera pase a dibujarse en el borde sur, junto al paseo marítimo, para que los suelos sobre los que se asientan estas edificaciones dejen de estar en manos de Costas.

Desde el Gobierno recordaron que, con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Costas, se emitieron dos sentencias del Tribunal Constitucional, una de ellas en 2015 a raíz de un recurso del PSOE y otra en 2016, que «interpretaron que la exclusión de estos núcleos del dominio público marítimo-terrestre» que se pretendió con la nueva normativa de 2013 «realmente sólo sería una declaración de innecesariedad». Según Costas, «sería obligado tramitar no sólo un procedimiento de desafectación ordinario», para modificar la delimitación del dominio público, «sino también aprobar una orden ministerial conjunta de los Ministerios de Transición Ecológica y de Hacienda que se ha revelado de imposible contenido con la actual legislación de Patrimonio» de Hacienda.

Así, las promesas del Gobierno que llevaron a los vecinos a brindar por el futuro de sus casas en 2013 se han tornado en un desolador panorama jurídico que los vuelve a colocar en el limbo. Así lo han podido constatar ya documentalmente cuando algunos han logrado escriturar sus viviendas tras la entrada en vigor de la reforma de la Ley de Costas y en la escritura les ha aparecido la coletilla de que el suelo sigue perteneciendo a la Administración estatal.