La valoración de la discapacidad sigue colapsada en Málaga dos planes de choque después

El servicio, dependiente de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, ha visto cómo a los retrasos habituales en la tramitación de resoluciones se sumó la pandemia, de modo que del año y medio de espera que, de media, tenían que aguardar los usuarios, se ha pasado a los dos años en el caso del centro de Málaga.

El incremento en los plazos ha consolidado a la provincia como la que más retrasos acumula con respecto a los otros centros de valoración de la región, a pesar de que en julio del año pasado el gobierno regional puso en marcha un plan de choque durante tres meses –de agosto a octubre– para desatascar el servicio y de que ha repetido ese refuerzo en el mismo tramo de 2021.

Los 19 profesionales contratados 'ex profeso' en 2020 lograron agilizar las tramitaciones y realizaron horas extra por las tardes para aligerar las listas de espera, con especial atención a los expedientes relacionados con los menores. Según los datos ofrecidos por la Consejería a este periódico, en esos tres meses de 2020 se realizaron 2.043 valoraciones, más de tres veces más que las 560 registradas en el mismo periodo de 2019.

En este 2021 se esperan resultados similares gracias a las 15 personas extra contratadas, pero el ritmo de peticiones sigue siendo muy superior a los recursos del servicio. De hecho, es el propio CVD el que confirma por escrito a los usuarios que presentan reclamaciones por los retrasos que, en la actualidad, la lista de espera es de dos años. Este periódico ha tenido acceso a la carta oficial que reciben las personas que preguntan por el estado de su expediente, donde se refieren al colapso del centro en los siguientes términos: «Este Centro de Valoración ha procedido a comprobar que la solicitud de Reconocimiento de Grado de Discapacidad (…) está en trámite. Comunicarle que actualmente para la valoración de la discapacidad hay una demora aproximada de 2 años desde la fecha de entrega de la solicitud».

Estos retrasos, que también pueden consultarse en el teléfono de información a la ciudadanía sobre discapacidad en Andalucía (900 555 564), han agravado el colapso que ya sufría el CVD de Málaga no ya antes de la pandemia, sino en fechas muy anteriores a la crisis. La Consejería justifica que estos centros «habían acumulado una gran carga de trabajo sin ningún cambio en su estructura, organización y procedimientos en los últimos 15 años» y, entre las principales causas de este colapso, destacan «el envejecimiento de la población, la situación de crisis económica, la alta tasa de desempleo estructural, nuevas funciones asignadas por normativa, nuevas situaciones creadas por el Covid-19, etcétera».

Las cifras, antes de la pandemia, eran las siguientes: a diario se registraban entre 150 y 180 peticiones de atención general (entre certificados, información sobre procedimientos y, sobre todo, valoraciones de discapacidad) y los profesionales resolvían más de 70 valoraciones cada día, es decir, más de 1.440 al mes y unas 12.000 al año. Además, Málaga no es sólo la provincia andaluza que más demora acumula; también es la que cuenta con una menor dotación de recursos humanos si se tiene en cuenta la ratio de la población discapacitada de la provincia. La última actualización estadística confirma que Málaga cuenta con cerca de 120.000 personas con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33%, un dato superior al de Sevilla, que no llega a los 114.000 usuarios en estas circunstancias. Si el foco se pone en los recursos, el centro de valoración de Málaga cuenta con nueve equipos de valoración (cada uno de ellos incluye un médico, un psicólogo y un trabajador social), además de una docena de administrativos; mientras que en la capital hispalense, donde la ratio es menor, la cifra de equipos especializados escala hasta los 12.

El aumento en la lista de espera obligó a los responsables del servicio a poner en marcha un sistema de triaje que funciona de manera similar al de las urgencias de un hospital: los técnicos hacen una valoración de la urgencia de la solicitud que entra –en función de unos supuestos tasados previamente en una normativa–, y en el caso de que se cumplan los requisitos de esa urgencia extrema, pasa automáticamente a los primeros puestos de la lista. En esencia, este salto se formaliza cuando la esperanza de vida del paciente está seriamente comprometida. El resto de solicitudes, que son mayoría, se van incorporando a la lista de espera.

«Es decir, que lo que tendría que ser el inicio de la solución para una persona con una discapacidad se convierte en el principal problema». La queja la pone sobre la mesa Alfredo de Pablos, presidente de la Agrupación de Desarrollo Málaga accesible, un colectivo que agrupa a unas 80 asociaciones vinculadas a la discapacidad que lleva años topándose con ese «tapón imposible» en el CVD de Málaga. «Hay que tener en cuenta que sin ese documento previo de la valoración de la discapacidad, los niños con problemas no se pueden escolarizar, no se puede acceder a ayudas, ni a terapias, o a tarjetas de aparcamiento para personas con movilidad reducida...», enumera De Pablos entre otros ejemplos. El responsable de la plataforma confirma que en las asociaciones, que representan la primera parada a la que llegan los usuarios exponiendo sus retrasos para que se tramiten las quejas, «están desesperados» y que se están planteando «solicitar una reunión formal a la delegada del Gobierno de la Junta en Málaga (Patricia Navarro) para que escuche nuestras peticiones», expone el portavoz de este colectivo en la ciudad.

Para aliviar este colapso, la Consejería de Igualdad, a través de la Dirección General de Personas con Discapacidad e Inclusión, ha avanzado a SUR que «trabaja para mejorar la atención a la ciudadanía en todos los Centros de Andalucía y, en especial, en este de la provincia de Málaga por el alto número de personas que atiende». El plan de choque –actualmente en marcha–, la agilización de los trámites «a través de la modernización tecnológica», o un nuevo sistema de citas previas están entre las medidas con las que pretenden lograrlo.