Urbanismo lleva a la Fiscalía una plantación de mangos en un suelo forestal protegido de Los Montes de Málaga

Así lo confirmó ayer a este periódico el concejal de Ordenación del Territorio, Raúl López, quien detalló que los inspectores municipales han apreciado la posible comisión de un delito contra el medio ambiente. Según precisó, en febrero llegó a Urbanismo un primer escrito de la Policía Local respecto a un movimiento de tierras en esta zona, y en marzo, un escrito de vecinos poniendo de manifiesto que habían cegado un arroyo, entre otras cuestiones. No obstante, el Ayuntamiento no ha sido capaz de detener los trabajos para habilitar esta plantación, que ya se encuentran prácticamente finalizados, debido a las limitaciones que se produjeron durante las primeras semanas de confinamiento y del estado de alarma, según apuntó el edil de Urbanismo. Residentes del entorno aseguraron que las obras solo se detuvieron durante las dos semanas de abril en las que el Gobierno decretó la paralización de cualquier actividad que no fuera esencial. «El resto de días ha continuado el ir y venir de camiones que pasaban por nuestra puerta», apuntó uno de los vecinos, quien señaló restos de talas de árboles. «Se han llevado por delante algarrobos, almendros y eucaliptos. Llamábamos a la Policía pero cada vez que venía era todo muy ambiguo. Una vez llegaron a decirnos que no los avisáramos más, que la obra no se podía parar«, desveló.

El concejal de Territorio aseguró que se han dictado órdenes de paralización de las obras, si bien admitió que el trámite ha ido más lento de lo habitual por el estado de alarma. «Ha sido imposible firmar notificaciones durante el periodo de alarma, pero se ha ordenado la suspensión de las obras, se ha incoado un expediente de restitución de la legalidad urbanística y se ha abierto también un proceso sancionador que se ha trasladado a la Fiscalía«, explicó López, quien añadió que Urbanismo también ha informado a la Consejería de Desarrollo Sostenible «por el asunto del arroyo».

No obstante, todos esos trámites no han impedido que las obras se completen prácticamente en su totalidad, lo que no se explican los vecinos denunciantes, que el 14 de febrero presentaron un escrito ante el Grupo de Protección de la Naturaleza de la Policía Local. «Durante el confinamiento pedimos que vinieran a precintar las obras, pero nos daban largas. Nos decían que estaban ocupados con la vigilancia de las playas y que, si Urbanismo no les daba orden, ellos no venían», relata una vecina.

En un segundo escrito de denuncia del pasado mes de mayo, asesorado por el despacho Ius Urbis, los vecinos alertaron de forma más pormenorizada de que, según lo reflejado en los documentos del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Málaga, la actuación se habría llevado a cabo sobre un suelo que está clasificado como no urbanizable y de especial protección al tratarse de un área de interés forestal. En este documento detallan que los propietarios de estos terrenos han realizado «importantes movimientos de tierras, abancalando y explanando el monte para acondicionarlo para una explotación de frutas tropicales, lo que además ha implicado la retirada de importante arbolado (algarrobos, almendros, olivos y eucaliptos)». «No solo se ha modificado la topografía original del monte, sino que también se está realizando una aportación extra de tierra (cuyo origen se desconoce) que alcanza un volumen de 40-50 camiones diarios», abunda el escrito dirigido al departamento de disciplina urbanística de Urbanismo, en el que se añade que «como consecuencia de dicha explanación y aporte de tierra, se han tapado caminos existentes, así como arroyos, siendo estos ocupados como parte de la futura explotación».

Asimismo, denuncian la realización de una gran balsa de agua para el riego, y recuerdan que el desarrollo de esta plantación en un suelo protegido como este no es posible porque los suelos forestales están definidos en el PGOU como «aquellos espacios destinados básicamente al mantenimiento de su uso forestal actual o susceptibles de mejorarlo». Además, la normativa urbanística de la capital prohíbe expresamente movimientos de tierra que «transformen abusivamente el destino rústico del suelo».

Este periódico pudo contactar ayer con uno de los propietarios de los terrenos en los que se ha ejecutado la plantación, quien se limitó a asegurar que la actuación realizada cuenta con todos los permisos necesarios y que ha respetado «en todo momento la legalidad aplicable». SUR le ofreció la posibilidad de que aportara documentación que demuestre que la intervención dispone de esas autorizaciones, opción que rechazó.