Urbanismo considera legalizables las obras para el centro de inmigrantes en Churriana

En concreto, se trata de la reforma de unas cocinas con una nueva salida de humos, la demolición de una fábrica de ladrillos cerámicos, y la ejecución de unos tabiques divisorios. Según Urbanismo, se trata de obras que no estaban recogidas en la declaración con la que se inició la adaptación del edificio, que ya está ejecutada en un 80%, pero que son compatibles con la legalidad urbanística y que, por tanto, se pueden regularizar. El Ayuntamiento las ha detectado por los escombros y materiales que un inspector observó en el lugar.

Para legalizar estas obras, el promotor tiene que presentar un documento que las ampare, en este caso una nueva declaración responsable, que es el documento necesario para realizar este tipo de trabajos. En ese momento, se puede dar por levantada de forma automática la suspensión de las obras que se notificó el pasado viernes. No obstante, eso no le exime de enfrentarse al pago de una multa económica por la infracción urbanística detectada. En este caso, el Ayuntamiento considera que se trata de una infracción grave, que puede multarse con un importe desde 3.000 a 29.999 euros.

Urbanismo ha abierto un plazo para recibir alegaciones respecto a este expediente de infracción por parte de los vecinos de la zona y de la promotora de las obras; y también ha otorgado un plazo máximo de dos meses para que se lleve a cabo la legalización de los trabajos. Según la inspección de la Gerencia, otras obras realizadas en el edificio como el cambio de solería, alicatado, sustitución de sanitarios y pintura no necesitaban la presentación de declaración responsable.

Así, todo parece indicar que en los próximos días podría llevarse a cabo el traslado del centro de acogida de inmigrantes que gestiona la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en unas instalaciones del colegio Unamuno, en Miraflores del Palo, a esta antigua residencia de religiosas en Churriana. La adecuación de este edificio está siendo realizada por la empresa Student Rental Málaga, que ha alquilado el edificio a las religiosas de La Asunción. Tras esa sociedad se encuentra Alberto Benito, decano del cuerpo consular de Málaga y directivo también de la fundación del Colegio Unamuno.

Con todo, los vecinos de El Olivar siguen mostrando su rechazo a la apertura de este centro de acogida, y mantienen sus dudas respecto a que otros aspectos de la adecuación del edificio puedan ser legales. En ese sentido, han apuntado a posibles cambios en la instalación contraincendios que no vienen recogidos en el informe del inspector de la Gerencia de Urbanismo, que ha actuado por las denuncias de la asociación de residentes en esta zona de Churriana.