Urbanismo se abre a rebajar a la mitad la deuda de Unicaja

El pasado mes de abril, la Gerencia Municipal de Urbanismo exigió a GIA y Andria el pago de esta deuda, a lo que ambas promotoras han contestado con sendas alegaciones en las que no solo rechazan abonar las cantidades pendientes que les corresponden, sino que reclaman al Ayuntamiento que se anule el convenio y les devuelva la parte proporcional de los 26,7 millones de euros que el Consistorio ingresó años atrás por este acuerdo, cuando el grupo Prasa era el principal promotor de esta operación, gestada en el ‘boom’ inmobiliario.

Tras dar a conocer este periódico esta situación, y después de que el concejal de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares, apuntara la posibilidad de emprender un embargo o la reserva forzosa de derechos edificatorios en la zona como vías para cobrar la deuda, Unicaja y el Ayuntamiento han retomado el diálogo para intentar llegar a un acuerdo que evite un pleito judicial por este asunto. El pasado viernes se llevó a cabo una reunión entre responsables de Urbanismo y de la entidad financiera, y ayer se celebró otra, con el fin de limar asperezas y tratar de encontrar una fórmula de revisión del convenio de Sánchez Blanca que satisfaga a ambas partes.

Pomares admitió ayer que una de las opciones que está sobre la mesa es que GIA renuncie al 10% de derechos urbanísticos que Prasa estaba obligada por ley a ceder al Ayuntamiento y que se adjudicó en el convenio, a cambio del pago de una cantidad económica. «Contemplo la opción de quedarnos con esos aprovechamientos para evitar que este asunto llegue a los tribunales», declaró el concejal, quien aclaró que se trataría de restar la suma por ese 10% de cesión obligatoria al Ayuntamiento, «no más», dijo.

Según los datos recogidos en la revisión del convenio de 2011, ese 10% está valorado en 14,6 millones de euros, lo que implicaría reducir la deuda a 13,7 millones que, sumados intereses desde 2004, se convierten en 20,8 millones, la mitad de los 43 que, en total, incluidos intereses, están por ahora obligados a abonar GIA y Andria. Este periódico intentó sin éxito obtener de Unicaja una valoración respecto a las reuniones que ha mantenido con Urbanismo.