Universitarios se movilizan para que el Gobierno les permita regresar a sus pisos para recoger apuntes

Un millar de alumnos de la Universidad de Málaga necesitó a principios de abril autorización de la Delegación del Gobierno en Andalucía para poder regresar a sus domicilios familiares en otros municipios y provincias ante las prórrogas del estado de alarma que iba aprobando el Gobierno. Con las clases suspendidas y un confinamiento que podía ir para largo muchos pensaron que ya no tenía sentido permanecer aquí. Los más previsores se llevaron gran parte de sus pertenencias, pero otros muchos y ajenos a la deriva que iban a tomar los acontecimientos en España dejaron en sus pisos y residencias de estudiantes parte del material de estudio que ahora necesitan con urgencia al estar en puertas los exámenes.

Ir a casa entonces estaba justificado, pero regresar ahora a los pisos y residencias estudiantiles para recoger los enseres que dejaron y los apuntes, no. Es la instrucción que ha dictado el Ministerio de Interior sobre los desplazamientos del alumnado universitario después de haber recibido diversas consultas. La institución que dirige Fernando Grande-Marlaska ha emitido una instrucción en la que explica que la posibilidad de un nuevo viaje de dichos estudiantes universitarios hasta su residencia académica para recoger materiales u otros elementos personales relacionados con su formación universitaria y de nuevo con retorno al domicilio familiar, no está amparada por el decreto de estado de alarma y, por tanto, «en la situación actual no está permitido».

La negativa ha causado tal indignación en la comunidad universitaria que la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de las Universidades Públicas (CREUP) ha lanzado en redes sociales la campaña #QuieroMisApuntes y ha solicitado por escrito tanto al Ministerio del Interior como al de Universidades «un mecanismo común para todas las provincias y comunidades» que permita a los universitarios acudir a por las pertenencias que dejaron en sus residencias de estudio cuando regresaron al domicilio familiar a pasar la cuarentena. «La mayoría de estos desplazamientos pueden producirse de forma segura y sin contacto con otras personas que pudieran suponer un riesgo de contagio«, expone esta organización estudiantil, que propone regresos escalonados.

En total, más de 300 alumnos de la UMA están atrapados en esa situación y han reclamado al Vicerrectorado de Estudiantes una solución que les permita volver a Málaga a recoger portátiles, apuntes, documentación o libros necesarios para preparar debidamente las asignaturas. Sin embargo, la institución académica se encuentra atada de pies y manos, dado que no es competente para expedir esa autorización. «Todas las universidades andaluzas llevamos semanas reclamando a la Delegación del Gobierno en Andalucía que se permita estos desplazamientos de forma ordenada, pero hasta el momento todos los intentos han sido infructuosos», admite José Francisco Murillo, vicerrector de Estudiantes de la UMA.

Ante la negativa del Gobierno y en un intento de que sean tenidas en cuenta las consideraciones particulares de los alumnos, desde este vicerrectorado se les está orientando para que dirijan sus solicitudes a la subdelegación del Gobierno en Málaga para que estudien cada caso con la esperanza de que pueda tener encaje legal. «Les aconsejamos que en su argumentación aludan al artículo 7 del decreto del estado de alarma, en el que se recoge que las personas únicamente podrán circular por las vías de uso público para la realización de las siguientes actividades: Retorno al lugar de residencia habitual y por causa de fuerza mayor o situación de necesidad», aclara Murillo.

En una carta remitida al ministro Fernando Grande-Marlaska, el presidente de la comisión sectorial de Asuntos Estudiantiles de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), Miguel Ángel Collado, ha solicitado que se modifique de nuevo el criterio, por entender que «consideramos plenamente justificado y dentro del marco legal vigente su desplazamiento (naturalmente de manera ordenada y puntual)», expone.

En esta línea se ha pronunciado Murillo: «Estamos de acuerdo en que hay seguir estrictamente las directrices de las autoridades sanitarias y políticas para proteger la salud de la población. Pero, a partir de esta premisa, quizá estas mismas autoridades podrían plantear alguna solución, que valoraran que se pudiera hacer por días, por provincias o por apellidos, de tal manera que en esta desescalada se facilitase a los estudiantes ese tránsito para enfrentarse a la evaluación final telemática», señala. Además, apunta Murillo, no es solo un problema académico, también es económico. «Algunos alumnos nos cuentan en los correos que nos envían que sus padres han quedado en paro o les han hecho un ERTE y ya no pueden seguir pagando el alquiler del piso de estudiante. Quieren ir a recoger todas sus cosas para dejarlo disponible y liberarse de esa carga, pero no pueden», lamenta.