Unanimidad para que Málaga tenga un centro de crisis 24 horas contra las agresiones sexuales en un edificio como Sevilla

Todos los grupos ven la necesidad de que la Junta lo ponga en marcha en cuanto antes, aunque todavía hay de margen hasta el 31 de diciembre de este año (por una prórroga de un año para emplear los fondos europeos que obtuvo el Gobierno regional, 10,5 millones de euros). El debate, que en esta ocasión fue de lo más civilizado, lo abría Yamila Richter, que hacía de portavoz de la Asociación de Mujeres La mitad del cielo quien hablaba de que las mujeres que sufren agresiones sexuales son muy vulnerables, sobre todo las inmigrantes que piensan que pueden ser deportadas, y que necesitan un espacio físico, permanente y estable donde se les brinde atención y acompañamiento.

La concejala socialista Rosa del Mar Rodríguez habló del actual y sangrante caso de Giselle Pellicot, a la que su marido ofrecía a otros hombres para que la violaran en Francia, las muertes de Diana Quer o Sonia Carabantes, o el caso que martilleó en las cabezas de los españoles la semana pasada cuando se descubrió que un hombre violaba a la hija de su novia de 10 años y la había dejado embarazada en Palma de Mallorca. «Crímenes de un machismo universal que algunos se empeñan en negar», que subrayaba, indicando que cada tres horas se produce una agresión sexual en España. Rodríguez subrayó que las unidades móviles que propone la Junta de 50 metros cuadrados como centro de crisis 24 horas contra las agresiones sexuales en Málaga eran un terrible agravio comparativo con Sevilla, y que había que demandar un edificio tanto en Málaga como el resto de las provincias andaluzas.

El viceportavoz de Con Málaga, Nicolás Sguiglia, afirmaba que la violencia que sufren las mujeres debía ser motivo de vergüenza, sonrojo y dolor de toda la sociedad y arremetía contra los partidos de la extrema derecha que difunden discursos contra las mujeres, y la machoesfera de youtubers y comunicadores que lanzan ataques furibundos contra el feminismo. El portavoz de Vox, Antonio Alcázar, no le entró al trapo, y subrayó que su partido mostraba su «apoyo incondicional a las mujeres que sufren esta situación», pero colaba su versión de la violencia de género llamándole violencia intrafamiliar, y demandaba un estudio del por qué del aumento de las agresiones sexuales, especialmente las grupales.

El concejal de Derechos Sociales, Paco Cantos, que cada vez se le ve más cómodo haciendo esta labor desde que cogió las riendas del área, no dudó en un segundo en apoyar en este caso la moción para que haya un edificio estable frente a lo que propugna el PP en la Junta, unidades móviles para la mayoría de provincias andaluzas, e hizo una buena reflexión. Indicó que las tres administraciones se concentran en las puertas del Ayuntamiento de Málaga cuando hay un asesinato por violencia machista, «lo que es una evidencia de que todos no lo hacemos suficientemente bien. Nos queda mucho por hacer porque nos seguimos viendo en la escalera». Indicó que a la Junta sí le preocupa el problema y que estaba en marcha desde hacía cinco años un servicio de atención a las víctimas a domicilio, que había atendido a 1.462 casos hasta junio. Y confió en que hay tiempo hasta el 31 de diciembre para que la Junta ponga en marcha el edificio en Málaga con fondos europeos, aunque luego deberá sufragar el Gobierno andaluz su mantenimiento, como puntualizó.

También se aprobó parte de la iniciativa de Con Málaga sobre la dependencia, cuando el representante de la coordinadora de los pensionistas, Juan José Carrillo, subrayó que había una lista de espera en Andalucía de 80.000 personas, que los andaluces esperaban 600 días para ser evaluados y poder cobrar las ayudas mientras que la media en España estaba en 180 días de media. Puntualizaba el gasto en Andalucía por persona estaba en 6.547 euros y en España, 8.135, y que el movimiento pensionista demandaba atención suficiente, rápida y efectiva a la dependencia. «En lo que llevamos de año han fallecido esperando 4.000 personas en Málaga», subrayó Sguiglia, y apeló a la sensibilidad por encima de cualquier debate político. Se aprobó que la Junta reconsidere el copago en estos servicios, que el Gobierno llegue a cofinanciar el 50% como dicta la ley, pero no el primer punto para que se convoque un gabinete de crisis para mejorar la situación.