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La declaración de Zonas Acústicamente Saturadas en la capital sigue acumulando meses de retraso para preocupación de los vecinos y tranquilidad de los empresarios. Siete meses después de que concluyera el periodo de alegaciones, paso previo a a su puesta en marcha, el Ayuntamiento de Málaga aún no ha sido capaz de aprobar una norma encaminada a corregir el exceso de ruido en determinadas calles del Centro y de Teatinos. Desde que comenzara a abordarse la problemática y se tomaran las primeras mediciones acústicas ya han pasado más de tres años y tres concejales diferentes por el área de Sostenibilidad Medioambiental.
El ZAS, que prevé prohibir la apertura de nuevos bares y restaurantes en 98 calles del Centro Histórico y cinco de El Romeral, comenzó a gestarse a principios de 2016 con Raúl Jiménez como concejal, continuó su lento avance de la mano de José del Río y debería ser rematado por Gemma del Corral. Si es que nada ni nadie vuelve a impedirlo. Una vez más.
El proyecto para combatir el ruido en la ciudad arrancó de la mano de Raúl Jiménez, que es el actual director gerente de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía. Él encargó mediciones del ruido en las calles que se entendían más problemáticas y mantuvo infinidad de reuniones con vecinos y empresarios con el fin de llegar a un entendimiento previo a la aplicación de la norma. Pero fue imposible. El enfrentamiento entre las partes era tan evidente que el propio concejal tomó la decisión de paralizar cualquier medida hasta que se acercaran las posturas.
En mayo de 2018, y tras el primer fracaso en la aplicación de esta norma, el alcalde, Francisco de la Torre, decidió reordenar algunas áreas y puso a José del Río, hasta entonces concejal de Churriana, al frente de la Concejalía. Su intención (la del alcalde) era acelerar su puesta en marcha y desatascar la situación, ya que pensaba que Jiménez no había sido capaz de lograr el consenso necesario –el relevo se produjo días antes de una reunión clave para decidir las medidas que se iban a poner en práctica.
Al contrario que su predecesor, Del Río desechó volver a sentar en una misma mesa a las partes implicadas y optó por celebrar reuniones en privado que tampoco lograron resolver la situación. Él trató de regresar casi a la casilla de salida, ya que entendía que la norma debía ser lo más clara y rigurosa posible para que fuera aplicable y perdurara en el tiempo.
Finalmente, sin apenas consenso ni cambios sobre el primer documento, en octubre de 2018 se aprobó de forma inicial el ZAS con los votos a favor del PP, IU-Málaga para la Gente, Málaga Ahora y el edil no adscrito Juan José Espinosa. Se opusieron, de una u otra forma, el PSOE –que quería una norma más consensuada– y Ciudadanos –que pensaba que el ZAS criminalizaba a los hosteleros.
Yen estas se llegó al referido periodo de alegaciones, que se cerró en febrero de este mismo año, y del que no se ha vuelto a saber. De hecho, en la lentitud con la que se está desarrollando todo este procedimiento también ha pesado en exceso la celebración de elecciones municipales el pasado mes de mayo. El alcalde y su equipo de gobierno, temerosos de que cualquier decisión precipitada –ya fuera para un lado, o para el otro– les pudiera costar un buen puñado de votos, han ido posponiendo su aplicación. «No queremos hacer daño a nadie», repetían una y otra vez.
Tras el paso por las urnas y la nueva reelección del sempiterno Francisco de la Torre, ha desembarcado en el área Gemma del Corral, que pese a conocer el problema de fondo (era y sigue siendo concejala del distrito Centro) prefiere tomarse un tiempo para estudiarlo con más calma. Aunque los técnicos tienen desde hace algunas semanas las conclusiones del famoso informe que se encargó a una empresa externa para que estudiara la viabilidad de las alegaciones, aún no se han atrevido a meterle mano. «Seguimos trabando en él, pero quiero sentarme a verlo todo en profundidad», apunta. Y por ello, de momento, descarta dar ningún plazo para seguir adelante.
Mientras sale adelante (o no) el ZAS, el área de Sostenibilidad Medioambiental se está aprovechando del capotazo que le lleva echando desde hace varios meses el área de Vía Pública con la retirada habitual de terrazas que incumplen los metros máximos autorizados. De hecho, la semana pasada se la quitaron por un periodo de diez días a un emblemático negocio de la plaza del Carbón, en pleno centro de la capital. Un 'cabeza de turco' para que el resto de los negocios se lo piensen mucho antes de excederse.
Lo único cierto en este momento es que la resolución del ZAS sigue en punto muerto. Mientras el Ayuntamiento no termina de hacer sus deberes, el retraso sólo está provocando un efecto llamada y un aumento en el precio de los locales comerciales. Y quejas por todas las partes: los vecinos denuncian que la hostelería ya lo ha invadido todo, y los empresarios exigen que el Centro sea declarado zona turística y una norma clara para poder trabajar con tranquilidad . «Si el ZAS se pone en marcha nos iremos a trabajar a otras ciudades», dicen algunos sin tapujos. Esperemos que no sea necesario un cuarto concejal.
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