Secciones
Servicios
Destacamos
El asunto de los más de cien expedientes de infracción urbanística que el Ayuntamiento abrió en la urbanización Villas del Arenal, junto a Intelhorce, hace ya seis años, ya ha recabado una sentencia judicial, aunque no relacionada con la actuación en este tema de ... los concejales Francisco Pomares y Teresa Porras y del coordinador general de Urbanismo, José Cardador, que han sido llamados a declarar por el Juzgado de Instrucción número 8 tras ser denunciados por la Fiscalía por los presuntos delitos de prevaricación por omisión, tráfico de influencias, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos. El fallo judicial en cuestión hace referencia a la intervención de un inspector de la Gerencia Municipal de Urbanismo en una de las obras ilegales detectadas en estas viviendas, por la que ha sido condenado a tres años de cárcel como autor de un delito de falsificación documental. Su irregular modo de proceder en ese caso concreto fue detectado por sus superiores, que enviaron a un segundo inspector a comprobar si era cierto lo que este funcionario decía. A raíz de esa labor de verificación, la Gerencia descubrió la existencia de numerosas obras ilegales realizadas en estas viviendas, y abrió 115 expedientes de infracción.
Esta sentencia, a la que ha podido tener acceso este periódico, es fruto de una actuación de oficio de la Fiscalía Provincial, que se inició después de que el coordinador general de Urbanismo remitiera al Ministerio Público en mayo de 2014 las conclusiones de un expediente de información reservada que se abrió en el seno de Urbanismo a raíz de las denuncias internas manifestadas por la anterior jefa del departamento de Disciplina Urbanística, Teresa Domingo, y otros responsables de esta sección.
Según la documentación consultada por SUR, detectaron que este inspector aseguraba por escrito haber visitado obras sin que fuera verdad; incorporaba a sus expedientes fotografías realizadas por los denunciados; usaba las mismas imágenes para certificar inspecciones fechadas en días, meses y años distintos; y aportaba documentación sesgada que distorsionaba la realidad y, por lo tanto, predeterminaba el resultado del expediente de infracción.
En el proceso de información reservada que se le abrió por parte de Urbanismo se hacía alusión a cuatro expedientes de infracción, de los que finalmente solo fue condenado por los tribunales por el relativo a Villas del Arenal. No obstante, cabe recordar que también fue detenido, en 2014, junto a otro inspector de la Gerencia y a un agente de la Policía Local, en el marco de la operación Yedra, en la que se investigaron delitos de blanqueo y contra la ordenación del territorio.
La sentencia condenatoria explica con detalle el expediente de Villas del Arenal por el que se le ha impuesto una pena de tres años de prisión. Hace referencia a la construcción sin licencia de obras de una habitación de unos ocho metros cuadrados en el patio trasero de una vivienda situada en la calle Irlanda. El inspector condenado realizó en abril de 2011 un informe en el que afirmaba que estas obras habían sido demolidas, si bien pudo tratarse en realidad de una demolición parcial, según se señala en el fallo judicial.
«De lo que no cabe duda» para la Audiencia Provincial es de la «falsedad» de un informe que, sobre esta misma vivienda, emitió el 16 de abril de 2013 después de que sus superiores detectaran que podría haberse producido un error al tener por demolida la obra. En ese informe, el condenado afirmó que había visitado la vivienda y que la ampliación había sido derribada, adjuntando a este documento la misma fotografía que aportó en su informe de 2011.
Sin embargo, otro técnico distinto pudo comprobar días antes, en una visita a la urbanización el 22 de marzo de 2013, que las obras –ya fueran las mismas que en su momento se dieron por demolidas u otras levantadas nuevamente– existían y no habían sido derribadas. Al quedar en evidencia, este inspector emitió un nuevo informe el 10 de junio de 2013 en el que hizo constar que la obra se había construido de nuevo.
Por todo ello, la sentencia lo condena a tres años de prisión, tres años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, y al pago de una multa de 1.440 euros. Según fuentes consultadas por este periódico, aún no ha ingresado en la cárcel porque se encuentra todavía en trámite la ejecución del fallo judicial. Por otra parte, según la información recabada, cara a la Gerencia Municipal de Urbanismo, este funcionario se encuentra en situación de incapacidad permanente en grato total por resolución firme del Instituto Nacional de la Seguridad Social.
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Publicidad
Publicidad
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.