

Secciones
Servicios
Destacamos
En ocasiones, el equipo de gobierno municipal en el Ayuntamiento de Málaga se queja de que trámites que dependen de otras administraciones públicas le impiden avanzar en el desarrollo de determinados proyectos, pero no es menos cierto que, en no pocos casos, es la propia burocracia de la Casona del Parque la que lastra actuaciones que llevan años previstas y pendientes. En este curso político parece que se ha dado la tormenta perfecta para que un buen número de inversiones que quedaron contempladas en el presupuesto del año pasado, que expiró el pasado 31 de diciembre, se vean por ahora bloqueadas por diversos trámites económicos que impiden que puedan ser contratadas, pese a que cuentan ya incluso con una propuesta de empresa adjudicataria para llevarse a cabo.
Debido a la demora en las negociaciones entre el equipo de gobierno y Ciudadanos, la entrada en vigor de las cuentas locales del año pasado no se hizo efectiva hasta el 29 de mayo, a las puertas de un verano en el que la maquinaria municipal comienza a ir al ralentí de los permisos vacacionales de sus funcionarios. Además, por medio de los procesos para sacar a concurso las obras municipales se cruzó la obligación, establecida por la nueva Ley de Contratos del Sector Público, de que todas las contrataciones públicas se realicen, de principio a fin, mediante una plataforma digital para garantizar la transparencia e introducir de lleno este tipo de procedimientos en la llamada administración electrónica, sin papeles.
Esta premisa cogió a muchos ayuntamientos, incluido el de la capital, no suficientemente preparados para darle cumplimiento, lo que frenó los concursos para adjudicar las inversiones contempladas en el presupuesto. Así, no fue hasta el otoño cuando el Consistorio activó las licitaciones de muchas de ellas, algunas con cargo a las partidas liberadas para los proyectos considerados como financieramente sostenibles.
Sin embargo, llegó el 31 de diciembre y muchas de esas obras no habían llegado a ser todavía adjudicadas y otras se encontraban aún en el plazo de presentación de ofertas. De ahí que en las mesas de contratación de la Gerencia Municipal de Urbanismo celebradas a partir del 1 de enero, el representante de la Intervención Municipal haga constar, en cada uno de los contratos que se abordan, que su adjudicación queda condicionada a que esté disponible la partida correspondiente del presupuesto de 2019 que financie esa inversión, ya que las de 2018 se dan por inactivas desde que expira el año.
Según los cálculos realizados por este periódico, se encuentran en esa situación una veintena de proyectos de la Gerencia Municipal de Urbanismo, el Instituto Municipal de la Vivienda y el propio Ayuntamiento que suman un presupuesto superior a los 25 millones de euros. En algunos casos, se trata de proyectos para los que ya existe una propuesta de adjudicación pero que no pueden contratarse hasta que esté en vigor el crédito que les corresponda para 2019, y para que ello sea posible hay dos vías: volver a incluirlos en las cuentas de este año –cosa poco efectiva ya que se encuentran bloqueadas por el divorcio entre PP y Ciudadanos a raíz de la actuación judicial por el caso Villas delArenal– o financiarlos mediante la incorporación del remanente del presupuesto de 2018, un trámite económico que podría resolverse en las próximas semanas – ya que la liquidación del presupuesto del año anterior debe aprobarse antes de hoy, día 1 de marzo– pero que, según admitieron fuentes municipales consultadas, requiere de una burocracia interna compleja y prolija en algunos casos.
En ese sentido, lo tienen más fácil las inversiones financiadas con préstamos o con subvenciones de otras administraciones, ya que su incorporación al presupuesto prorrogado con el que funciona actualmente el Ayuntamiento es más inmediata. Sin embargo, hay otros casos en los que la generación de créditos para poder contratar las obras es más difícil.
Uno ejemplo de esta situación lo constituye el proyecto para efectuar un conjunto de reparaciones en el conjunto monumental de la Alcazaba y Gibralfaro. Desde hace un mes, esta obra está adjudicada a la empresa Hermanos Campano por unos 150.000 euros, pero todavía no ha podido firmarse el contrato para que empiece debido a la citada situación financiera. Asimismo, la Intervención también ha advertido de que no pueden adjudicarse, hasta que no dispongan de partida en vigor para 2019, otras actuaciones de mayor calado como la reurbanización de la zona de Martiricos, valorada en casi siete millones de euros; un plan de asfaltado de dos millones de euros; y la renovación de las infraestructuras subterráneas para completar la peatonalización del lateral norte de la Alameda Principal, en el tramo desde la calle Puerta del Mar hasta Larios.
Al margen de los trámites financieros que frenan, por el momento, un buen número de contrataciones del Ayuntamiento de la capital, están en marcha algunos recursos sobre el procedimiento seguido para sacar a concurso estos expedientes, si bien lo más probable es que no afecten a su normal desarrollo una vez que se desbloquee el ámbito económico. Dos de esos recursos han sido presentados por la Asociación de Constructores y Promotores (ACP), que no está de acuerdo con los requisitos que se exigen a las empresas para poder aspirar a esos contratos.
La secretaria general de la patronal de los constructores, Violeta Aragón, explicó que uno de esos recursos es relativo al proyecto para construir una pasarela peatonal sobre la desembocadura delGuadalhorce que, felizmente para el equipo de gobierno, ha podido 'salvarse' y ya está contratado por 1,5 millones de euros. En este caso la ACP, que no descarta elevar su queja a los tribunales después de que haya sido desestimada por la Gerencia de Urbanismo, considera que el Ayuntamiento exige a las empresas requisitos que no tienen que ver con el objeto del contrato. «No vamos a pedir que se pare la obra en los juzgados, pero lo más probable es que acudamos a ellos después de que Urbanismo haya rechazado nuestro recurso», señaló Aragón.
El otro contrato recurrido por la ACP fue licitado por el Ayuntamiento para la mejora de varias zonas verdes de la ciudad, dividido en seis lotes, por un importe de 2.697.058 euros. En este caso, la ACP no está conforme con la clasificación que se exige a las empresas para los lotes, que en algunos casos no incluyen gastos de jardinería. «No coincide lo que se pretende hacer con la clasificación que se pide a las constructoras», dijo.
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Publicidad
Publicidad
Favoritos de los suscriptores
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.