El trámite judicial aleja varios años más las obras para un millar de pisos en los suelos de Repsol

Fuentes del alto tribunal andaluz consultadas por SUR han señalado que este asunto «sigue en trámite» en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4, y que «le queda bastante tiempo hasta que se resuelva». «Es un asunto complejo que, además, se está retrasando porque las partes están recurriendo cada paso que se va dando», han detallado desde la institución judicial. Según han señalado, el procedimiento se encuentra pendiente de que la juez dicte «un auto de admisión de pruebas». En este auto, la juez debe decidir qué pruebas de las que han propuesto las partes (la plataforma Bosque Urbano y el Ayuntamiento de Málaga) se van a practicar y cuáles no.

Después se pasará a la fase de conclusiones, en la que cada una de las partes solicitará «lo que corresponda según las pruebas que consten en el asunto», han explicado. Y, finalmente, llegará el momento en el que el juzgado dictará la sentencia, que podría ser objeto de aclaración o recurso a una instancia superior.

Así, transcurridos dos años desde que Bosque Urbano presentó en junio de 2022 el recurso para frenar la subasta de los derechos urbanísticos del Consistorio en el proyecto de Repsol, todavía queda un camino de varios años más para que la actuación quede despejada a nivel judicial. Según las fuentes consultadas, podría decirse que, en estos dos años, se ha desarrollado sólo un tercio del procedimiento judicial que corresponde en este caso, hasta su conclusión definitiva en el TSJA.

Ante esta tesitura, todo apunta a que pueden faltar todavía dos o tres años más como mínimo para que llegue una sentencia que resulta clave para despejar el futuro de este singular proyecto. En el verano del año pasado, los servicios jurídicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo advirtieron en un informe que «cualquier acto material de transformación urbanística de las parcelas queda en suspenso con carácter temporal y hasta tanto exista pronunciamiento judicial firme». Es decir, que no puede construirse en este espacio de la ciudad hasta que se resuelva definitivamente el recurso de Bosque Urbano.

Esto cayó como jarro de agua fría sobre la promotora Urbania que, a diferencia de las otras que se presentaron a la subasta, optó por seguir adelante y convertirse en adjudicataria tras la retirada del resto de ofertas de otras empresas, que vieron que la entrada de la operación en la vía judicial iba a suponer un considerable hándicap para su ejecución.

Urbania ha ofrecido al Ayuntamiento 66,4 millones de euros por quedarse con los derechos para construir las tres torres para 528 viviendas y los dos edificios de uso terciario, sobre plantas subterráneas para más de un millar de plazas de aparcamiento. El resto del proyecto lo componen edificios para 400 viviendas de protección oficial, una cuarta torre de 35 plantas en manos de la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria) para unos 400 pisos (si bien también podría darle un uso hotelero), y un parque de 65.000 metros cuadrados con diseño del estudio HCP.

En total, son más de un millar las viviendas que podrían construirse en este enclave de la zona oeste de la capital, además de oficinas y zonas comerciales. No obstante, su materialización sigue pendiente de que se resuelva el recurso judicial presentado por Bosque Urbano, un colectivo que no ceja en su empeño de que todo ese vacío sea un pulmón verde.

Para ello, esta plataforma también ha presentado otros dos recursos judiciales que han sido admitidos a trámite: uno contra el proyecto de descontaminación de la zona norte de los suelos y otro contra el permiso ambiental de la Junta para su urbanización.