Trabajadores, bajo la lupa de los detectives

La queja de un cliente puso en alerta a la empresa. Siempre que llamaba por teléfono a una de sus comerciales, nunca podía atenderlo en ese momento; tampoco le devolvía la llamada. Con la mosca detrás de la oreja por la advertencia de este cliente, unido a una bajada progresiva en el rendimiento laboral de esta trabajadora, que coincidió con el inicio del teletrabajo con motivo de la pandemia, llevó a la empresa a investigarla.

Contrataron los servicios de una agencia de detectives que disipara o confirmarse sus sospechas de que se ausentaba de casa. «En dos días ya teníamos todas las pruebas», recuerda Juan Rojas, director gerente de Detectives Unipol. Tras montar un dispositivo, comprobaron que todos los días salía de casa por la mañana, se reunía con un hombre «con el que mantenía una relación sentimental», paseaban por el Centro de Málaga, hacían algunas compras y acababan en algún chiringuito al mediodía.

La crisis económica de hace una década y el miedo a perder el puesto de trabajo redujo a mínimos el absentismo laboral. La picaresca para escaquearse de la oficina se convirtió en una práctica arriesgada, pero el Covid-19 parece haberla despertado de su letargo, ayudada por nuevas prácticas laborales y protocolos sanitarios impuestos por la pandemia, como han sido el teletrabajo y las cuarentenas obligadas cuando se ha estado en contacto con algún positivo en coronavirus. «Muchos lo están utilizando para hacer otras actividades durante su jornada de trabajo y seguir cobrando a fin de mes», advierte Rojas.

Este detective, que lleva el oficio en la sangre (su padre fundó la agencia en 1963), afirma que quien es un «caradura», se aprovecha de la situación y acaba contagiando de esos malos hábitos a otros compañeros. «Son como las manzanas podridas», apostilla. Asegura que en muchas empresas tienen perfectamente identificado este perfil de trabajador, que se delata a sí mismo, porque siempre suele presentar la baja cuando se acerca un puente o un fin de semana para sumarse más días».

Pero en otras ocasiones, la empresa recurre a estos investigadores para comprobar que en su ámbito de trabajo se está cumpliendo con el protocolo Covid-19 por parte de la plantilla. «A veces, la preocupación de las empresas no es el rendimiento laboral, sino la salud de sus empleados y velan por que se cumpla la ley de prevención de riesgos laborales a rajatabla», aclara el director de Unipol.

En este complicado contexto, ha aflorado el trabajo de los detectives privados. Si hasta ahora, gran parte de sus investigaciones se relacionaban con la modificación de medidas en el ámbito familiar y las bajas laborales fraudulentas, desde la llegada del coronavirus asumen también otro tipo de servicios. «Antes, un empresario se podía permitir tener a los trabajadores de baja, pero ahora con las plantillas tan ajustadas (muchos están en ERTE), necesita que todos los empleados que tiene en teletrabajo estén funcionando al cien por cien, por eso, acuden cada vez más a nosotros», argumenta José Alberto Domínguez, delegado en Andalucía de la Asociación Profesional de Detectives Privados de España (APDPE), un referente del sector con implantación en todas las comunidades autónomas y donde constatan que alrededor de un 30% de los servicios que llevan a cabo están relacionados con la pandemia, especialmente en regiones con un gran tejido empresarial como Madrid, Cataluña o País Vasco. «El que tiende al escaqueo siempre ha buscado excusas, pero con las cuarentenas, que pueden alargarse hasta 15 días y, además, están consideradas accidente laboral, con lo que se cobra el sueldo íntegro, han encontrado la horma de su zapato. En España, no tomamos conciencia de que el gasto de la Seguridad Social sale de todos, es más, si otro defrauda, hasta se le ríe la gracia cuando en realidad lo que tendría que causar es indignación», lamenta Domínguez.

Pero no siempre los servicios relacionados con la pandemia están circunscritos al ámbito laboral. La agencia de Domínguez asumió hace un par de meses el encargo de una cliente que temía que su expareja no preservase lo suficiente a su hijo de siete años de un posible contagio de Covid-19 durante el régimen de visitas, lo que le podía servir de argumento para solicitar al juez una modificación de medidas. «Esta cliente convivía con el abuelo enfermo y temía que el niño pudiera contagiarlo al regresar de estar con su padre», relata Domínguez, quien tras llevar a cabo un seguimiento sorprendió al progenitor con el menor en un pub repleto de gente, donde no se respetaba la distancia de seguridad y nadie llevaba mascarilla. «El incumplimiento del protocolo Covid-19 fue del local, pero en este caso el padre pudo evitar la situación. Las sospechas de esta madre se confirmaron. Temía que el padre fuese dejado, pero nunca se imaginó que lo fuera tanto», expone Domínguez.

Cada vez son más las empresas y despachos de abogados que recurren a estos investigadores para presentarle al juez pruebas fehacientes con las que darle un giro a una situación que consideran injusta. «Con un trabajo bien hecho de investigación y la obtención de pruebas lícitas se lo ponemos en bandeja a un abogado. Entre lo que le aportamos nosotros y el cliente, el letrado puede tener el caso resuelto», apunta Javier Ruiz, director gerente de Dea Detectives, quien confirma el aumento de trabajo desde el inicio de la pandemia. «De las 4.000 consultas que tuvimos el pasado trimestre, entre un 30 y un 40 por ciento están relacionadas con el Covid-19».

Personas que tienen que salir a trabajar y dejan a los niños solos, permitir que otra pareja conviva en el domicilio familiar cuando el matrimonio se ha separado o personas que continúan en la empresa trabajando pese a no estar dados de alta en la Seguridad Social para así evitar que consten ingresos y pasar una pensión son algunas de las situaciones más habituales que llegan hasta el despacho de esta agencia para reclamar al juez una modificación de medidas.

También se han encontrado con situaciones como la de una empresa de Málaga que acudió a ellos porque había algo de un trabajador que «no les cuadraba». Y, efectivamente, comprobaron que el empleado mantenía conectado el ordenador toda la mañana mientras acudía a trabajar a un chiringuito de la costa. «Se vio tan pillado y sin armas con las que poder defenderse ante el juez que no se llegó a celebrar el juicio», asegura el director de Dea Detectives, que en otro caso descubrieron a un trabajador que supuestamente debía estar guardando cuarentena y aprovechaba esos días para acudir a una finca que tenía en el campo y ayudar en la vivienda que se estaba construyendo.

Desde el grupo Investigo, apuntan que parte de esta «picaresca» podía haberse evitado si hubiera funcionado el rastreo de contagios y hubiera habido una base de datos en la que las empresas hubieran podido acudir a constatar los días de la cuarentena. Estos casos no han sido mayoritarios en su agencia, pero sí se han encontrado con empresarios que tras hacerles una consulta sobre sus sospechas de algún empleado y solicitarles un presupuesto, al final y dada la situación económica que atraviesan, han desistido pensando que ni siquiera con esas pruebas podrían despedirlo. «A algunos no les merece la pena meterse en una investigación que les va a costar el dinero y que, quizá, no conduzca a nada concluyente. Por eso, prefieren esperar a despedirlos cuando tengan la oportunidad», declara Nuria Medina, directora del Grupo Investigo.

En este sentido, los datos aportados por estas agencias apuntan a que en la mayoría de los casos las sospechas de las empresas se acaban confirmando. «En nuestro caso, es en el 85% de las ocasiones», subraya Juan Rojas, de Unipol. «Es un servicio que vale dinero y cuando se deciden es porque están casi seguros», concluye.

Se trata de contratos por horas, que requieren de una planificación, un análisis de las necesidades y la elaboración de un presupuesto. «Una investigación laboral de dos o tres días puede rondar entre los 1.000 y 2.500 euros», detalla Rojas.