El trabajador del Ayuntamiento de Málaga que usurpó Facebook a una compañera empieza el año sin empleo

El Ayuntamiento de Málaga ha llevado este asunto con una exquisita discreción porque de haberse hecho público el nombre del empleado condenado por la Audiencia Provincial a un año de cárcel así como ahora a un año sin empleo ni sueldo, su vida, sin duda, hubiera sido mucho más dificultosa.

De hecho, la resolución de este caso marca un hito por inédita. El funcionario, que usurpó el Facebook de su compañera, dándose ésta cuenta y pidiéndole explicaciones, lo que llegó a los tribunales, empieza la sanción de un año sin empleo ni sueldo este próximo 1 de febrero y finalizará el próximo 31 de enero de 2020. En concreto, la condena de la Audiencia Provincial, ya que el asunto llegó a segunda instancia, era de un año de cárcel así como la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho al sufragio pasivo (es decir presentarse a unas elecciones) durante el tiempo de condena y doce meses de multa con una cuota diaria de seis euros así como por coacciones a una pena de veinte días de multa con una cuota diaria de seis euros, que sumarían en total unos 2.300 euros.

Esto en lo que se refiere al asunto judicial. Pero tras esta sentencia, el área de Personal del Ayuntamiento de Málaga culminó el expediente disciplinario que le había abierto, vía administrativa, en base al Reglamento del Régimen Disciplinario de los Funcionarios Públicos, al que tuvo acceso este periódico. En este documento, la jueza instructora habilitada por el área de Personal, resolvió que el funcionario tuviera una sanción de un año sin empleo ni sueldo en «concepto de autor de la falta disciplinaria grave consistente en las conductas constitutivas de delito doloso relacionadas con el servicio o que causen daño a la Administración o a los administrados (artículo 7. 1 del Real Decreto 33/1986)».

En este caso se le ha impuesto la pena menor un año frente a los tres que era la pena mayor, según fuentes municipales consultadas por este periódico. El empleado tuvo un mes para realizar un recurso de reposición vía administrativa, que le fue contestado de forma negativa porque no se han desvirtuado los hechos a los que se refiere la sentencia judicial, que es firme.

En el fallo, los jueces estimaron que hay datos objetivos que permiten concluir que fue el condenado, el que movido por una enemistad profesional importante y por la pretensión de medrar personalmente en perjuicio de la denunciante, entró en su ordenador, que se encontraba en el despacho contiguo al suyo, y alteró su contraseña. De hecho, los correos dirigidos a desprestigiarla se hicieron desde las direcciones IP del domicilio del de mandado, por lo que entiende la Audiencia Provincial que fue también el acusado el que alteró la contraseña del correo de la denunciante y remitió mails haciéndose pasar por ella, puesto que no estaba a favor de su ascenso. Además, y para más inri, fue desde la dirección IP de la esposa del acusado, precisamente en su domicilio, desde donde se remitieron los correos referentes a la denunciante, que tuvieron repercusión en más de diez mil personas, según dicta la sentencia.

El edil socialista Sergio Brenes no ha quedado satisfecho con la contestación que ha recibido del Centro Municipal de Informática (CEMI)acerca de la publicidad de la UCAMque recibió en un mail que le enviaba un funcionario desde el Ayuntamiento a su cuenta de hotmail (no corporativa) y llevará este asunto a la comisión de Transparencia, que preside justamente el edil de Nuevas Tecnologías, Mario Cortés.

El CEMI alega que una vez realizadas pruebas se descarta un problema del sistema de correo corporativo del Ayuntamiento y se achaca a un comportamiento anómalo de Microsoft Outlook (hotmail), que es ajeno al control municipal, ya que el Ayuntamiento, explica, no ha contratado publicidad de la UCAM. Brenes subrayaba ayer que este comportamiento anómalo era extensible a correos de otras dos personas y que, por tanto, quería saber por qué la UCAM se publicita en mails que tienen su origen en cuentas del Ayuntamiento, y abunda que si se trata de una mala práctica por qué no se pide explicaciones a la empresa anunciante y a la gestora del correo.