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Hace apenas unos días, concretamente el pasado lunes, Francisco de la Torre dejaba caer que ahora que se está contemplando la posibilidad de que el futuro tercer hospital de Málaga se construya en los aparcamientos del Civil sería conveniente una «reflexión» para plantear la llegada de metro a la zona de forma soterrada y no en superficie como está proyectado en virtud de acuerdo que Junta de Andalucía y Ayuntamiento suscribieron en 2013. El alcalde aseguraba entonces que no lo decía «para poner palos en las ruedas sino para hacer las cosas lo mejor posible», haciendo referencia a la incidencia que podría generar en el tráfico rodado e incluso a la propia permeabilidad del centro sanitario. Pues bien, ayer el equipo de gobierno que lidera De la Torre decidió acudir por segunda vez a los tribunales para intentar frenar los planes de la Consejería de Fomento de seguir adelante con el trazado previsto.
Después de un primer disparo fallido de tumbar el procedimiento seguido por la Administración regional para aprobar el proyecto básico alegando que se vulneraba la autonomía municipal al aprobarse pese a las discrepancias con el planeamiento vigente, ahora lo hará argumentando que el trazado del proyecto constructivo no sólo no se adecúa al Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) sino que tampoco cumple la normativa técnica de ámbito autonómico y estatal relativa a la accesibilidad y movilidad. A modo de referencia, el portavoz del equipo de gobierno del PP, Carlos Conde, exponía que el itinerario dibujado por los técnicos «deja cinco calles en fondo de saco con los consiguientes problemas de acceso».
Bajo esta premisa, la junta de gobierno local acordó ayer recurrir judicialmente el acuerdo del Consejo de Gobierno del pasado 5 de diciembre en el que se aprobaba la redacción del proyecto y se instaba al Ayuntamiento a modificar el PGOU en el plazo máximo de un año para darle encaje al futuro tranvía. Y para ello se ampara en un informe de la Gerencia Municipal de Urbanismo que considera que el paso dado por el Ejecutivo regional es «lesivo para los intereses del Consistorio, y también para el de la ciudad», remarcaba Conde.
Este ramal, declarado de interés metropolitano por la Junta en mayo de 2017 para blindarse jurídicamente en el supuesto de que las discrepancias con el Consistorio acaben en los tribunales, está prácticamente listo para que pueda salir a concurso con un presupuesto estimado de 41 millones de euros y un periodo de ejecución de dos años. El trazado previsto parte desde la rotonda de El Corte Inglés y tiene una longitud de 1,8 kilómetros (el primer tercio bajo tierra) que discurre por Eugenio Gross hasta llegar al entorno del Hospital Civil y del Materno.
Por su parte, desde la Consejería de Fomento se mantienen firmes en su postura de continuar con la hoja de ruta marcada a pesar de reconocer el obstáculo que representan los reparos del Consistorio, toda vez que es la administración local la que debe autorizar los desvíos de tráfico. Aún así, se muestran convencidos de que los jueces, «en caso de admitir el recurso», volverán a darle la razón como ya hiciera el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) con la anulación que solicitó el Consistorio del proyecto básico. «Ahora lo intentan con el proyecto constructivo, pero la realidad es que lo único que se ha hecho ha sido aplicar la Ley de Servicios Ferroviarios, que dice que cuando hay discrepancias entre las administraciones debe dirimirlas el Consejo de Gobierno», remarcan fuentes de Fomento, quienes afean al Consistorio que «vuelva otra vez a la carga».
En la misma línea, el portavoz socialista en la Casona del Parque, Daniel Pérez, criticó al PP por «seguir utilizando recursos públicos» para tratar de impedir la llegada del metro a la zona norte de la ciudad y la finalización de la red de suburbano en Málaga. «Es inaceptable que el gobierno del Partido Popular siga poniendo trabas a un proyecto esencial para el desarrollo de nuestra ciudad. Debe poner fin a este conflicto inútil que sólo está perjudicando a los malagueños», subrayó.
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