La torre del Puerto de Málaga salva un escollo clave al descartar la Junta su impacto ambiental

La torre del Puerto salva un nuevo obstáculo, el segundo tras la reciente aprobación de la Delimitación de Espacios y Usos Portuarios (Deup) por parte del Ministerio de Fomento, en su carrera para llegar a ser una realidad. La Delegación de Medio Ambiente aprobó ayer por la vía rápida el trámite ambiental para el solar del dique de Levante que está destinada a albergar el hotel de cinco estrellas. Acto seguido, el expediente se remitió a la Gerencia de Urbanismo, que ahora tendrá que adaptar el Plan Especial del Puerto para permitir el uso turístico.

El trámite de la Evaluación Ambiental Estratégica, conforme a la Ley para la Gestión Integral de la Calidad Ambiental (Gica), ha concluido después de cinco meses. Se trata de un gran avance en el desarrollo de este proyecto, puesto que la otra opción, la del trámite normal que algunos colectivos pedían, habría supuesto otros 18 meses de burocracia antes de pasar al siguiente peldaño.

El documento aprueba la petición inicial del Ayuntamiento de llevar por la vía simplificada la modificación de elementos del Plan Especial del Puerto en la plataforma del Morro puesto que, «al no contener alteraciones que deban entenderse como permanentes o de larga duración de un valor o recurso natural, no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente», cita textualmente.

De los informes recabados, ninguno identifica un valor natural concreto que se vea afectado significativamente. El ámbito territorial del Plan Especial es de carácter eminentemente urbano, es parte de la ciudad, y más concretamente de su Puerto, y está «muy condicionado en cuanto al impacto visual por las actividades industriales, comerciales y de transporte». El dictamen recuerda que se trata de un «paisaje cultural», definido como el resultado de la acción del desarrollo de actividades humanas en un territorio concreto. «Se señala en algunas aportaciones que las vistas a la Bahía (o Ensenada) de Málaga se verán afectadas, pero dada esta ubicación claramente marcada por las actividades y las infraestructuras artificiales, no puede considerarse que tal efecto suponga una alteración de un valor natural concreto».

Por lo tanto, concluye Medio Ambiente: «No se trata de que la Bahía de Málaga, como valor natural, se vea alterada permanentemente por la modificación del Plan Especial, sino que determinadas vistas o perspectivas de la misma sí se verán afectadas por la existencia del hotel propuesto, y estas vistas son fácilmente modificables en función de la ubicación del observador (no se puede decir que una percepción personal altere el valor natural)». En ese sentido, podría considerarse que el paisaje es un valor natural cuando va íntimamente ligado a un espacio natural, que no es el caso. «No estaría justificado asumir que los cambios en las vistas de un determinado recurso o valor natural, aún siendo permanentes o de larga duración, impliquen su propia alteración».

Por último, los técnicos recuerdan que el paisaje del territorio definido por la ciudad, con su Puerto y la Bahía de Málaga, «no está legalmente protegido, ni en el ámbito de la ordenación del territorio, ni en el ámbito del urbanismo ni en el ámbito del medio ambiente natural».

De esta forma, la Junta rechaza los argumentos de las escasas voces que se han manifestado en contra del proyecto, principalmente desde el Colegio de Arquitectos (el debate levantó una mínima participación de los colegiados)y de Ecologistas en Acción, que pretendían justificar la tramitación extendida.

Este no es ni mucho menos el final del camino, que todavía tiene una larga tramitación administrativa por delante. El delegado de Medio Ambiente, Adolfo Moreno, así lo expuso, y recordó que la iniciativa pasará ahora al plano urbanístico, donde «el Ayuntamiento tendrá que plantear qué modelo de ciudad quiere», y se abrirá un periodo de información pública. A este se unirá otro, en una tercera fase, ya que el edificio, por su altura, requiere de una Autorización Ambiental Unificada, por lo que la Junta tendrá que volver a intervenir para aplicar la Gica, y habrá otro periodo de alegaciones. Para Moreno, se ha tomado una decisión «objetiva y escrupulosa con la ley», que ha tenido en cuenta toda la documentación remitida inicialmente por el Ayuntamiento, así como el estudio de alternativas y el resultado de las consultas a todas las instituciones que han participado.

El presidente de la Autoridad Portuaria, Paulino Plata, coincidió en que la iniciativa está dando los primeros pasos y faltan todavía otros dos informes ambientales. Sin embargo, destacó que es un avance que «genera confianza en los futuros inversores, en un momento en el que Málaga está en el foco por la agilidad y la seguridad jurídica que ofrece».

En los mismos términos, desde la Confederación de Empresarios (CEM), pusieron de relieve que el paso dado por la Junta tiene un «importante valor simbólico», en la medida en que Málaga se muestra al mundo como un destino estratégico, estable, seguro y «favorable a la inversión internacional», de cara a futuras propuestas económicas que han puesto sus miras en la provincia.