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La torre del Puerto está a punto de mudarse a Madrid; tanto, que se podría decir metafóricamente que ya está buscando piso, porque se irá para largo. Será entre los meses de enero y febrero cuando el cambio del Plan Especial se complete en el ... Ayuntamiento de Málaga, mediante su aprobación en el pleno. En esta fase no es previsible, todavía, que haya sobresaltos, ya que la propuesta saldrá adelante, al menos, con los votos favorables del PP, Ciudadanos y el concejal no adscrito Juan Cassá. Queda por ver cuál es la posición final del PSOE, pues la de Adelante Málaga (coalición integrada por IU y Podemos) será contraria.
Completada esta fase, la Autoridad Portuaria de Málaga lo remitirá a Puertos del Estado, institución dependiente del Ministerio de Transportes, en manos de los socialistas dentro de la coalición del gobierno nacional. A finales de octubre, el tema salió a relucir en una reunión de trabajo entre el presidente del Puerto, Carlos Rubio, y su homólogo estatal, Francisco Toledo, y que es favorable al proyecto del hotel de lujo en el dique de Levante. Este organismo tendrá que dar forma jurídica al documento para justificar que el Gobierno haga una excepción a la Ley de Puertos, que prohíbe la construcción de inmuebles para alojamientos en los muelles, tal y como ocurrió en su día con el caso del hotel W de Barcelona.
Esta fase llevará al menos seis meses, aunque es previsible que a lo largo de este periodo se produzca debate en el Congreso, auspiciado por los diputados de Unidas Podemos, cuyos representantes en Málaga se han opuesto a esta infraestructura desde su origen. El documento todavía no ha llegado a la capital y los movimientos ya han empezado. El diputado Juantxo López de Uralde registró el mes pasado una batería de preguntas parlamentarias en las que deja ver sus dudas acerca de su viabilidad e idoneidad. «En un contexto de crisis climática, que será cada vez más grave, no podemos seguir construyendo en el litoral porque son ecosistemas muy expuestos a las variaciones marítimas y continentales», critica, y pone de relieve los defectos en la construcción del dique de Levante donde se pretende ejecutar, según un informe elaborado por el CEDEX.
Del mismo modo, este fin de semana las confluencias de Podemos e Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados, el Parlamento de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga han anunciado que llevarán iniciativas en estas instituciones con el fin de «paralizar el proyecto del rascacielos y frente a la especulación, defender la activación de la infraestructura portuaria para usos productivos y generadores de empleos estables y con derechos», según anunció el concejal de la confluencia de izquierdas en el Consistorio de la capital, Nico Sguiglia.
Llegado el caso, el Gobierno español tendrá que ponderar la negativa de una parte de la ciudadanía con la capacidad de influencia que pueda ejercer Catar, un país con el que España mantiene fuertes lazos económicos y comerciales, especialmente a nivel energético. La empresa promotora, Al Alfia Holding, es un fondo soberano y está gestionado por un destacado miembro de la casa real catarí. Su representante en España es el abogado y expresidente del Real Madrid, Ramón Calderón. En una reciente entrevista concedida a SUR, al ser preguntado por esta cuestión, el directivo comentó que no hay precedentes del rechazo de un proyecto auspiciado por la Dirección General de Puertos y por el Ministerio de Transportes en el Consejo de Ministros, «pero eso no garantiza su aprobación, así que tendremos que esperar a recibir la autorización del Gobierno para empezar a tramitar los permisos e iniciar la construcción».
Calderón advirtió de que una respuesta negativa supondrá la pérdida de una inversión que rondará los 200 millones de euros y que creará unos 3.000 puestos de trabajo de forma directa e indirecta, incluyendo el personal de construcción y la actividad hotelera y de congresos prevista. «Que sea una realidad ya no depende de nosotros, tendremos que desistir de llevarlo a cabo si la decisión es contraria», añadió.
En el caso de que supere con éxito el paso por Madrid, ya estará el camino casi despejado. Todavía quedará un último trámite. Y es que, antes de conseguir la licencia de obras, la edificación tendrá que obtener la Autorización Ambiental Unificada, por ser un hotel y superar las 15 plantas de altura. Este paso, que es una imposición de la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, la Gica, tendrá al menos otros seis meses de duración y lo llevará a cabo la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía. En este escenario, no es previsible que las obras en el Puerto puedan empezar antes de mediados del año 2022.
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